Hubo «unidad funcional» en las obras de la plaza de toros de Puertollano, o lo que es lo mismo, coso polivalente porque las hizo la propia empresa, pero ¿estaba justificado trocear los contratos de obras (hasta 69)? Esto es lo que se discutió ayer en la segunda sesión del juicio que se celebra en la Audiencia de Ciudad Real  contra el exalcalde de Puertollano,  Joaquín Hermoso Murillo; el entonces aparejador municipal, Eugenio Ángel Manso, y el que fuera secretario municipal Juan Luis Vázquez Calvo, por prevaricación  administrativa. Las acusaciones populares también les acusan de falsedad documental y tráfico de influencias. Delitos por los que Hermoso Murillo podría ser condenado a penas de entre diez años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, que pide la fiscalía, y los veintidós que solicita la acusación popular  que ejercen por separado los grupos municipales de Izquierda Unida y el Partido Popular.

Los encausados niegan los cargos. Hermoso Murillo se defiende alegando que no era una decisión política fraccionar las obras en 69 expedientes ni eludir un concurso público, sino que se hizo en base a unos informes de los técnicos. Todos se agarran a que se hizo así con el fin de que el coso estuviera terminado para las fiestas de mayo y ahorrarse los pasos de un concurso público. Pero las acusaciones rechazan de plano la versión de los procesados y están convencidos de que se trocearon los contratos precisamente para designar  directamente a la empresa y personal encargados de la monumental obra.

En la vista celebrada ayer  los testigos principales en el caso de la ‘plaza de toros’ de Puertollano más que clarificar las cosas se enrocaron respecto al fraccionamiento de la obra y en cuanto a que era una unidad funcional. Los interrogatorios de los letrados de la acusación popular Francisco Pablo García-Miguillán y Gregorio Rodríguez gravitaron sobre estas cuestiones de forma reiterada hasta el punto de tener que recordarles el magistrado presidente del Tribunal Ignacio Cobo Escribano que estaban en una Sala Penal, no en una de lo contencioso.

La arquitecta. La primera en subir al estrado fue María Luisa Calvo del Valle, arquitecta que redactó el proyecto de la plaza de Toros de Puertollano. Declaró que llevaba poco tiempo en el municipio  cuando le encargaron en 2007 esa función tras asegurar que no conocía a Joaquín Hermoso Murillo ni al entonces secretario municipal. Aseveró que no tuvo nada que ver en la contratación ni se pronunció sobre el fraccionamiento. Dijo que no era de su competencia y no sabe quien tomó la decisión, pero en cualquier caso lo justificó por la urgencia, el factor tiempo. De ser así, las acusaciones sostienen que era tan sencillo como contratar más personal sin necesidad de fraccionar los expedientes de obra.

La norma -sostienen las acusaciones- obligan a unas formalidades y garantías que no se cumplieron. Las firmas no son auténticas y los propios documentos «han sido confeccionado ex novo en materias en la que la persona no tenía la competencia de contratación, es decir si el procedimiento exigía recibir tres ofertas, se suponía que tenían que ser de alguien con la cualificación suficiente para poder hacer el trabajo», mantienen las acusaciones populares.

Fueron contrataciones «directas» al margen de todo procedimiento, remarcaron tras defender la tesis de que se creó un equipo ad hoc formado por el entonces aparejador Eugenio Ángel Manso y el exalcalde alcalde de Puertollano.

 A lo largo del interrogatorio, se insistió en las obras de cimentación adjudicadas a la empresa Navarro Piquer, que se llevaron a cabo de una sola vez, según la testigo.

«No tenía sentido que la cimentación se hiciera a trozos por varias empresas, señaló el aparejador Fernando Sánchez Mora, que fue contratado por el Ayuntamiento para la dirección de la obra. El testigo reiteró a preguntas de las acusaciones.  «Me pidieron que les dijera cuáles eran mis honorarios por la obra y se lo entregué en mano. No sabía que era necesario presentarlo en el registro», dijo el testigo. Negó saber  que él iba a ser el director.

 El funcionario Carlos Fernández de Castro fue el tercero en subir al estrado, pero poco pudo aportar porque estuvo un año enfermo.

Francisco Paz, ingenieros de Caminos y asesor técnico del entonces alcalde, contratado como  personal de confianza tampoco aportó nada a la causa, se fue por la tangente (tenía muchos cometidos,  carreteras, agua ...). El exconcejal Antonio Rodríguez dijo que no tuvo participación en el proyecto, pero dijo que se construyó por fases.

No  ayudaron a deshacer la madeja. El juicio continua hoy.