El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, presentó ayer a las comunidades autónomas el Plan de Choque en Dependencia, que pretende contar con un refuerzo económico de 600 millones de euros, pendientes de la aprobación de los Presupuestos del Estado de 2021, y con el que quiere que «la ley de atención a la dependencia sea, por fin, un derecho efectivo en España».

Así lo expresó Iglesias durante el Consejo Territorial de Derechos Sociales que está abordando las propuestas para la puesta en marcha de un Plan de Choque para el impulso del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia.

Además, destacó la inversión de 600 millones y afirmó que este plan «tiene la capacidad de actualizar el Sistema y mejorar la atención y financiación, para que la dependencia sea, por fin, un derecho realmente efectivo en España».

Según  avanzó el Ministerio, durante la reunión, el vicepresidente segundo del Gobierno agradeció a las comunidades autónomas el «enorme esfuerzo por mantener durante este tiempo la atención a la dependencia, que es un pilar esencial del Estado del Bienestar».

En este contexto, afirmó que «no han sido años nada fáciles para la dependencia, fundamentalmente porque los recortes realizados desde el 2012 y las privatizaciones dejaron el Sistema de Dependencia en una situación crítica».

El proyecto contempla establecer la teleasistencia como derecho subjetivo para personas dependientes que no vivan en centros residenciales, incrementar las horas de atención en el Servicio de Ayuda a Domicilio, mejorar las prestaciones económicas (estableciendo cuantías mínimas) incrementando las máximas, así como ampliar las compatibilidades entre las Prestaciones y Servicios.

Asimismo, plantea extender la Escala de Valoración Específica (EVE) desde los tres hasta los seis años, agilizar los procedimientos administrativos, incrementar el nivel mínimo de financiación, recuperar el nivel acordado de financiación, analizar y revisar el actual modelo de copago, o reconocer la aportación de las Entidades Locales y reconsiderar su papel en el SAAD. El plazo previsto para la plena implementación de estas medidas es de tres años (entre 2021 y 2023).

Según informó el Ministerio, las medidas propuestas aseguran los recursos suficientes para su implementación y para que la lista de espera se reduzca «sustancialmente» en todo el territorio nacional.

El Consejo Territorial de Servicios Sociales está debatiendo de forma consensuada las medidas de este plan, cuya financiación está sujeta a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.