CRÓNICA PERSONAL

Pilar Cernuda

Periodista y escritora. Analista política


... y van ocho

Ocho leyes de Educación en cuarenta años y ninguna ha servido para poner a España entre los países punteros en materia educativa. Ni una. La que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros nace sin que el entusiasmo de la comunidad educativa, y tan cargada de errores, si no más, como las anteriores.

Todas las leyes de estos cuarenta años han nacido con un defecto de forma. O con varios defectos de forma. Impregnadas de política, a vueltas con religión sí religión no, y con la eterna polémica en torno a una asignatura con distinto nombre –según los promotores- sobre valores cívicos. En la de Celáa se pone el acento en la prevención de violencia machista, que la izquierda pretende hacer solo suya y por tanto la incrusta de forma prioritaria. Sin embargo no se ve la misma prioridad en cuestiones esenciales: la formación, los conocimientos indispensables para enfrentarse a la vida que aprenden todos los estudiantes de cualquier país del mundo; fomentar las aptitudes artísticas, deportivas o científicas de los alumnos, premiar el esfuerzo y enseñar a relacionarse socialmente asumiendo el respeto a cualquier ideología, raza y cultura. Pero sobre todo, falta poner el acento en la necesidad de aprender. Al menos, lo indispensable.

No es tan difícil, no hay más que copiar los modelos que aplican los países que se encuentran en la cabeza de la lista de los que cuentan con mayor nivel educativo, como Finlandia o Corea del Sur. Países en los que se pone el acento en el profesorado, en buscar la fórmula para que los alumnos desarrollen su creatividad, y que aprendan a estudiar. Alumnos que tras acabar su ciclo educativo están preparados para comerse el mundo si hace falta.

En el proyecto de Celáa lo que importa es pasar de curso, hasta el punto de que se puede tener el título de bachillerato con una asignatura pendiente. No hay defensa de la lengua y la cultura común a todos los españoles, tremendo error. Se mima la diversidad y se imponen conceptos propios de la izquierda. Se retira el concierto a los colegios no mixtos, se da a los gobiernos la potestad sobre cómo formar los grupos de alumnos y se restringe la libertad de los padres a elegir centro educativo para sus hijos.

Este proyecto, de nuevo, fomenta la discriminación. La familia que cuenta con medios, manda a sus hijos a colegios privados extranjeros con planes de estudio más completos que los españoles, o les envía a un país con alto nivel educativo, mientras que los económicamente más débiles se tienen que conformar con unos planes de estudio que no están a la altura, instrumentalizados además por gobiernos tentados a vender su modelo social a través de la educación.

No ha acertado, hasta ahora, ningún ministro. Se comprende: solo acertarán si, por un momento, piensan en lo que es mejor para los estudiantes en lugar de dar prioridad a su ideologización.