Se avecina temporal en la Mesa Sectorial de Personal Funcionario convocada para mañana. El sindicato STAS ha denunciado que el pasado martes por la tarde les envió la Junta una propuesta con 400 folios con la que quieren crear 175 puestos de libre designación y eliminar otros 58. Eso da un saldo positivo de 117 puestos más en comparación con la legislatura anterior. «Es un banquete de puestazos a medida», expuso el portavoz de STAS, Gustavo Fabra.
Cree que este incremento de puestos de libre designación va paralelo al aumento de la estructura de la Junta, con más consejerías, viceconsejerías y direcciones generales que en la legislatura anterior. «Es desproporcionado porque las competencias, las funciones son exactamente las mismas que la legislatura pasada, no hemos conseguido competencias del Estado que nos permitan tener otro tipo de responsabilidades administrativas, ni llevar la gestión de servicios que hasta hora no llevábamos», expone.
Además son puestos bien retribuidos. Hay 6 de nivel 30 (equiparable al sueldo de un director general), que cobran unos 70.000 euros al año. Hay otros 23 de nivel 28, con salarios que rondan los 50.000 al año. Entre estos de nivel 28 están los nuevos puestos que se van a crear en cada Consejería para llevar redes sociales.
El argumento que da el Gobierno regional en la documentación facilitada a los sindicatos es que estos puestos concretos se inscriben dentro de la política de Gobierno abierto y cercano con la ciudadanía. Fabra no tiene tan claro que sea algo muy útil para la población. «Es para llevar Twitter, Facebook, Instagram de los consejeros», recalca, «¿eso es gestión o eso es propaganda?». Entiende que desarrollarán las tareas de un community manager, el profesional que se dedica a llevar redes sociales de empresas, personalidades o instituciones.
A los tribunales. Un día antes de que se reuniera la Mesa, STAS ya tenía decidido que llevará esta propuesta al Tribunal Superior de Justicia. Fabra cuenta que lo hacen porque no se respeta la negociación de los sindicatos, pues han tenido solo cuatro días hábiles para estudiar los 400 papeles, porque señala que les estuvieron mandando modificaciones hasta el jueves y porque dice que no hay una memoria económica. El sindicato calcula un gasto extra de cinco millones.
Fabra lo compara con el cese de interinos en la época de Cospedal, cuando los tribunales le quitaron la razón al Gobierno regional no por la decisión de fondo, sino por las formas con las que se llevó el procedimiento.
«Nosotros mandamos un correo masivo al personal de la Junta», expuso, «hay una absoluta indignación en los centros de trabajo». Asegura que también los otros sindicatos están preocupados, pero que iban a esperar a ver cómo se desarrollaba la reunión de mañana. No descarta movilizaciones conjuntas.