La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se negó este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a pagar los 2.500 millones de euros que debe a las comunidades autónomas correspondientes a la devolución del IVA de 2017, y que en el caso de Castilla-La Mancha asciende a 135 millones de euros. Era una demanda que en los últimos días se había producido con reiteración por parte tanto de las comunidades gobernadas por el PP, así como por algunas gobernadas por el PSOE como la que preside el socialista Emiliano García-Page, que llegó a asegurar que ese impago amenazaba seriamente con “recortes” en los servicios públicos esenciales.
A cambio, el Ministerio de Hacienda ofreció a las autonomías una serie de medidas para paliar ese efecto, entre las que figura un mayor endeudamiento. El consejero de Hacienda de la región, Juan Alfonso Ruiz Molina, no dudó en expresar su “decepción” al término del encuentro, que duró cuatro horas y media. “No se entiende que una deuda que tiene el Estado con las comunidades autónomas se compense con un préstamo” lamentó, y calificó la propuesta de “absurda” por incapaz de ser explicada a los ciudadanos de la región porque “no me reconocen la deuda pero luego me dicen que me prestan dinero para financiar el déficit que esa partida me ha generado en el ejercicio anterior”. “No puedo estar satisfecho”, sentenció.
La propuesta de Montero refiere que Hacienda no tendrá en cuenta la parte de déficit imputable al IVA dejado de percibir por el cambio normativo de 2017. Es decir, se descontará ese importe a la hora de evaluar si una comunidad ha cumplido el déficit de 2019. Así, “si tras descontar el efecto del IVA, las comunidades registran un déficit del 0,1% o inferior, se entenderá que cumplieron el objetivo en 2019”.
El Ministerio también pone a disposición de las comunidades autónomas un “ExtraFLA” al 0 por ciento de interés “para financiar el mayor déficit provocado por el IVA y para evitar perjudicar a los proveedores”, recoge el documento del Gobierno, además de un déficit más benévolo para “dar más margen” a las comunidades autónomas, quedando fijado en el 0,2%. Esto supone dos décimas más que la senda en vigor (aprobada por el Gobierno del PP en 2017), y que establecía el equilibrio presupuestario para las comunidades este año, y ahora se retrasa hasta 2022.
Ruiz Molina aseguró que “estamos satisfechos si se mejora el aterrizaje hacia el equilibrio presupuestario por parte de las ccaa”, un aterrizaje “más suave”, pero el consejero había evitado momentos antes de entrar en la reunión considerar estas medidas como una moneda de cambio. “Son dos cosas diferentes. No me gusta vincular la senda de objetivo con la deuda que tiene el Estado con Castilla-La Mancha”, dijo.
Ruiz Molina había advertido ya que “esto es blanco o negro”, por lo que “o se reciben esos recursos o reclamaremos por ellos en los tribunales”. Eso sí, apeló a una absoluta “normalidad institucional” en este hecho, del mismo modo que el Estado recurre al Tribunal Constitucional normas autonómicas con las que no está de acuerdo, indicó.
Pero finalmente matizó esta contundencia y aseguró que esperaría a “llegar a Toledo” para evaluar las posibilidades en el seno del Consejo de Gobierno. “Tengo que trasladar esta propuesta que hace el Ministerio” que, en todo caso consideró que “no es satisfactoria” porque no devuelve el dinero y “no se soluciona con un préstamo, aunque sea a coste cero”.