La Junta prepara un impuesto 'verde' sobre consumo de agua

C.S.Rubio
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Las viviendas tendrán que pagar una cuota fija de 2 euros al mes, a la que habrá que sumarle una cantidad variable en función del consumo y que podría elevar la factura hasta 60 céntimos por metro cúbico. Así lo recoge el borrador de la Ley de Aguas

La Junta prepara un impuesto ‘verde’ sobre consumo de agua - Foto: Rueda Villaverde

El Gobierno regional trabaja en la creación de un canon medioambiental sobre el uso y consumo de agua. Un impuesto ‘verde’ con finalidad extrafiscal -es decir, que su objetivo va más allá de la mera recaudación- y cuyos beneficios se destinarán a la construcción de infraestructuras hidráulicas y a la preservación medioambiental de este recurso, según se recoge en el borrador de la Ley de Aguas en el que trabaja en estos momentos la Junta, al que ha tenido acceso La Tribuna.

Un canon que, a priori, gravará tan tanto los usos domésticos (incluidas las piscinas), como los realizados por las empresas y las explotaciones agrarias y ganaderas. Eso sí, en este último caso, quedarán exentas de pagar esta tasa las explotaciones que no tomen el agua de la red pública de abastecimiento o de una entidad suministradora, ni efectúen vertidos a las redes públicas de saneamiento.

Tampoco tendrán que pagar por el agua los servicios públicos de extinción de incendios, ni las extracciones de agua en situaciones de necesidad extrema o catástrofe. En este sentido, la Junta estima que los usos de los servicios de extinción de incendios se corresponden con un diez por ciento del consumo municipal total. Yes que, los ayuntamientos sí que tendrán que pagar esta tasa por el resto del agua que consuman.

En todos sus escenarios, este canon tendrá una base fija otra variable, en función del consumo registrado, «a fin de garantizar la justicia social y la progresividad de la tarifa», según insiste la Junta de Comunidades en la exposición de motivos de este borrador.

El canon por el consumo de agua en los hogares prevé una cuota fija de 2 euros al mes a añadir al recibo del agua, y una cuota variable en función del consumo y del número de residentes en el hogar. Su tope máximo serían 60 céntimos más por metro cúbico.

Como base para medir el consumo estimado del agua en los hogares, la Junta calcula una dotación de 180 litros de agua por residente y día.

Y como el objetivo principal de esta ley es preservar un bien escaso como es el agua, este borrador ya prevé ‘penalizar’ con el máximo de la cuota variable a cualquier consumidor que facture un volumen de agua que se considere desproporcionado (diez veces más de lo facturado en los doce meses anteriores).

Se aplicarán bonificaciones del 25% sobre la cuota íntegra del canon a los usos domésticos y asimilados en municipios con menos de 5.000 habitantes censados, aumentando hasta el 50% en los municipios con menos de 2.000 habitantes.

Junto a este criterio ‘anti-despoblación’, también se tendrá en cuenta el factor de ser familia numerosa, que supondrá una reducción de entre el 20 y el 50 por ciento del recibo  de esta tasa. Eso sí, esta reducción solo será aplicable a la vivienda habitual. Y quedarán libres de pagar este canon las familias monoparentales con mujeres víctimas de violencia de género que acrediten tal condición.

Este impuesto también baja a los casos concretos como el de las residencias de mayores, que tendrán una cuota fija mensual de un euro por residente.

En el caso de los considerados como ‘usos no domésticos’, el borrador de la Ley de Aguas establece una cuota fija que se determinará en función del diámetro de la tubería del contador, y que oscilará entre los 4 euros al mes, para contadores de menos de 15 mm, a los 800 en el caso de tuberías de más de 150 mm.

En cuanto al gravamen de la parte variable, por regla general se vinculará al volumen de agua consumido, fijándose en 60 céntimos por metro cúbico y con una bonificación ‘anti-despoblación’ de entre el 25 y el 50 por ciento.

No obstante, como se apunta en la exposición de motivos de este borrador, «el tipo de gravamen aplicable a los usuarios no domésticos presenta más diversificación, ya que no sólo se determina una cuota fija en función del diámetro del contador, sino que se establece la alternativa de que la cuota variable se determine, bien en función del volumen –con un tipo único determinado en función del tipo de industria-, bien en función de la contaminación, a los efectos de hacer efectivo el principio de quien más contamina, más paga».

En este último punto, la reglamentación de este canon prevé un plus por carga contaminante, que podría encarecer la factura significativamente. Hasta 7,34 euros por kilo, en el caso de que, por ejemplo, se detecten de metales pesados.

También se prevén excepciones a la regla, como el de los consumos de agua de las industrias agroalimentarias. Aquí, el tipo de gravamen de la parte variable de la cuota será de 40 céntimos el metro cúbico de agua consumida o utilizada. O como en el caso de las aguas usadas por las centrales hidroeléctricas, que pagarán 1,5 euros por hectómetro cúbico de agua utilizado, ponderado con un coeficiente igual a la altura en metros del salto de la central.

La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha será la encargada de la gestión, recaudación, administración y distribución de los recursos económicos vinculados a este canon.

Cabe apuntar que la idea de desarrollar una Ley de Aguas regional lleva sobre la mesa de la Junta de Comunidades desde 2015, año en el que ya se apuntó otra de sus intenciones: la de ser el instrumento que, llegado el caso, gestione la ‘voz’ de Castilla-La Mancha en los órganos de gestión de agua nacionales. Véase aquí la intención siempre explícita de la Junta de García-Page de participar con derecho a voto en la comisión de explotación del Trasvase Tajo-Segura.

Lo que no incluye de momento este borrador es cuánto prevé recaudar Castilla-La Mancha con esa nueva tasa. Lo único que se destaca en el texto presentado es que «uno de sus objetivos es asegurar la suficiencia financiera, de manera que el sistema tenga capacidad real de dar cobertura a los programas de gastos ejecutados por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en lo que concierne al ciclo del agua, y a la vez procurando la solidaridad intraterritorial, respetando el ejercicio de las competencias atribuidas a los entes locales». Como se concluye, «su repercusión entre los colectivos de usuarios se fundamenta en el volumen de agua usada o consumida por los usuarios finales, pero también en la contaminación real introducida en el medio hídrico». Se verá.