COLABORACIÓN

Fernando Lussón

Periodista


Unidad contra el estado de alarma

El Gobierno decretará hoy el estado de alarma que permite adoptar las medidas más drásticas para tratar de frenar la extensión de los contagios por coronavirus, bien con carácter general, bien en aquellas zonas donde la transmisión comunitaria ha alcanzado los niveles más preocupantes. Con esta decisión el Gobierno se erige en el mando único en la lucha contra la epidemia y que los casos no aumenten a un ritmo tan elevado que desborden la capacidad de los sistemas sanitarios.

Madrid y País Vasco, dos de las más afectadas han decretado la situación de emergencia sanitaria, en el caso vasco, con medidas muy similares a las que prevé el estado de alarma, mientras que en Madrid se ha procedido a cerrar todos los establecimientos salvo farmacias y supermercado, la medida que adoptó Italia hace unos días con carácter general en todo el país. Y Murcia ha decretado el confinamiento de todos los ciudadanos en municipios costeros donde se ha notado un incremento de las llegadas de personas procedentes de Madrid a sus segundas residencias, a las que se insta a mantener la restricción de movimientos que deben guardar en sus lugares de origen. Pese a su anticipación en la adopción de medidas de control, la proclamación del estado de alerta prevé que sean las autoridades autonómicas las responsables de su aplicación, por delegación del Ejecutivo.

Tras el anuncio de Pedro Sánchez, el líder de la oposición. Pablo Casado ha mostrado su apoyo a la decisión del Gobierno para que asuma el liderazgo de la situación, sin poder evitar agarrarse al único clavo que le queda de crítica -la manifestación del 8-M-, porque dos de los presidentes autonómicos que se han anticipado son de su partido, aunque así lo ha reconocido.

El gradualismo con el que ha venido actuando el Gobierno hasta hoy ha sido uno de los argumentos utilizados por la oposición para censurar la actuación del ejecutivo en esa crisis, a pesar de que las medidas tomadas hasta que se produjo el salto cualitativo en el número de infecciones a partir del fin de semana pasado cuando se produjeron las primeras decisiones sobre el cierre de los centros educativos y otros lugares propicios para la transmisión del virus.

Sin embargo, esa forma de proceder ha servido para que los llamamientos a la responsabilidad individual realizados por el Gobierno en los últimos días hayan calado en la ciudadanía que ha comprendido en su mayor amplitud la gravedad de la situación, y está dispuesta a la asunción de las alteraciones para su vida cotidiana que supondrá el estado de alarma. La norma sirve también para cubrir una de las mayores preocupaciones ciudadanas, la garantía de los abastecimientos de los productos básicos.

A partir de este momento las críticas sobre si el Gobierno adoptó las medidas con una celeridad adecuada pierden fuerza, si se tiene en cuenta que hace una semana, el 7 de marzo, había detectados 441 casos y fue el 3 de marzo cuando un foco en Torrrejón de Ardoz dio la alerta sobre el crecimiento de los contagios que no habían tenido contactos con personas procedentes de Italia.

La oposición, por fin, ha enviado un mensaje de unidad sin fisuras con el Gobierno y aplaza hasta el fin de la crisis exigir responsabilidades por la manifestación del 8-M. La reunión telemática de hoy con los presidentes autonómicos -absolutamente todos- dará otra medida de la solidaridad interterritorial y la determinación de Pedro Sánchez.