El Gobierno de Castilla-La Mancha va a plantear al Ministerio de Igualdad que sea el Estado, a través del sistema de financiación de las comunidades autónomas, el que asuma el mantenimiento de los centros de atención integral 24 horas a las víctimas de violencia sexual, cuya creación ha aprobado esta semana el Consejo de Ministros.

Así lo ha confirmado a Europa Press la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, que el próximo 19 de abril participará en la Conferencia Sectorial en la que se ha de ratificar la fundación de estos recursos.

«A la ministra le voy a decir, con mucha amabilidad pero con contundencia, que si se obliga a las comunidades autónomas a prestar un servicio, que en Castilla-La Mancha hemos cifrado en cerca de 4 millones de euros al año, se tiene que incorporar al sistema de financiación de las comunidades autónomas. Si no, estaríamos diciendo cosas muy bonitas en las leyes que en la práctica serán difícil de sostener en el tiempo», ha esgrimido Fernández.

Y es que la responsable castellanomanchega de Igualdad ha lamentado que el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantías de la Libertad Sexual, que contempla la creación de esta red de centros, no recoja que la obligación de financiar el funcionamiento de los mismos sea del Gobierno de España.

«No se puede decir que se van a poner en marcha estos centros y no dar la financiación suficiente sostenida en el tiempo. Nuestra gran preocupación es qué va a pasar a partir de 2023, y quién financia esos centros», ha insistido Fernández, que ha detallado que en dicha Conferencia Sectorial del día 19 se van a aprobar los criterios de reparto de los fondos destinados al montaje de estos recursos.

La titular autonómica de Igualdad ha asegurado que la región está de acuerdo con el planteamiento de reparto de fondos que, procedentes de la Unión Europea, ha presentado el Ministerio que dirige Irene Montero para edificar estos centros, pues estipula un dinero fijo por provincia y tiene en cuenta criterios objetivos como la población de mujeres que hay en la comunidad y el componente rural.

En base a esas variables, ha explicado, Castilla-La Mancha recibiría casi 6 millones de euros para ejecutar entre el 2021 y el 2023 cinco centros de atención integral 24 horas a las víctimas de violencia sexual, uno por provincia.

Pese a considerar «razonable» esa cifra inicial, el caballo de batalla está en la financiación del coste efectivo del servicio, «lo que realmente cuesta dinero, que son las nóminas de personal», ha reiterado.

No obstante, Fernández ha defendido que Castilla-La Mancha «empujará para que sean una realidad» pues, a su entender, se trata de un servicio «muy interesante y necesario». «Viene a cambiar la mentalidad y a constatar que la violencia sexual es una forma de violencia machista que hay que atender y que las víctimas son, además, muy vulnerables porque muchas de esas agresiones sexuales se han producido en una situación de extrema vulnerabilidad, como en la infancia. Está claro que todo lo que se avance será muy positivo para las mujeres», ha insistido.

Segunda Juzgado de Violencia sobre la Mujer. En otro orden de cosas, la consejera de Igualdad ha mostrado su respaldo a la petición que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Tsjclm) ha elevado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que cree el segundo Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo de Castilla-La Mancha, que tendría como sede la capital de Toledo.

«Hace tiempo que nos reunimos con el delegado del Gobierno en la región para que trabajase en este sentido y hubo muy buena sintonía, aunque mostrando respeto absoluto a las instancias judiciales y al CGPJ, que son los interlocutores con el Ministerio», ha indicado.

«Para Castilla-La Mancha es muy importante que se atienda esta demanda, que implicaría una descarga para otros juzgados y, a la vez, contar con un juzgado exclusivo y excluyente de otros asuntos en materia de violencia de género», ha concluido.