Estacancada la reforma migratoria de Estados Unidos, donde demócratas y republicanos no alcanzan un acuerdo para regular las entradas de sin papeles, el presidente norteamericano, Joe Biden, apuesta por abordar esta problemática más allá de la colapsada frontera con México. Su idea es hacerlo desde más cerca de los puntos de origen, desde Centroamérica, y, en ese plan ya está colaborando Guatemala, que está frenando los trayectos hacia el norte, aunque de manera precaria.

Según denuncia el defensor de las Personas Migrantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Carlos Eduardo Woltke Martínez, el país se ha convertido en un «muro» para las caravanas de personas que viajan en busca de una oportunidad en Estados Unidos, en vez de salvaguardar sus derechos.

Woltke Martínez asegura que los desplazados, en su mayoría población vulnerable que vive en condiciones precarias, son vistos «como amenaza por parte de las autoridades, cuando deberían de ser vistas como sujetos de derecho, con necesidades de atención que están obligados los Estados a brindárselos».

Así, enfatiza que «Guatemala se transforma en un muro ante este tipo de flujos» desde 2020, ya en el Gobierno del exdirector de presidios Alejandro Giammattei, a diferencia de las primeras caravanas de 2018 y 2019 cuando no se le impidió el paso.

Según cifras oficiales y de organizaciones no gubernamentales, cada año más de 500.000 hondureños, salvadoreños y guatemaltecos intentan emigrar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. Y ahora las autoridades les obligan a parar su viaje en Guatemala, donde un 99 por ciento de las personas interceptadas no quieren permanecer, por lo que, a juicio del defensor de los Migrantes, el Ejecutivo centroamericano «restringe la movilidad y derrocha mucha energía en poder frenar este tipo de movimientos», un extremo que muestra que esas decisiones responden a «intereses foráneos».

En la última caravana masiva, el pasado enero, Policía y Ejército detuvieron a la fuerza a casi 6.000 personas por orden de la Administración de Giammattei.

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 también ha afectado la movilidad y la dinámica migratoria con decisiones que han robustecido los controles fronterizos bajo la premisa de los protocolos sanitarios.

Pero Woltke Martínez advierte que estas «restricciones más fuertes» en los casi 17 meses de pandemia en Guatemala continúan enfocadas en la protección «al estado-nación» y no a la población.

«Hemos visto cómo se han reducido los espacios de atención y protección para las personas migrantes, planteando como primera instancia los requisitos relacionados al marco de la pandemia», subraya el funcionario.

Las autoridades sanitarias han contabilizado en el país casi 400.000 casos positivos de coronavirus y cerca de 11.000, la cifra más alta de decesos en Centroamérica.

Además de la pandemia, tanto los migrantes guatemaltecos como los salvadoreños y hondureños se han visto obligados a dejar sus hogares por los destrozos provocados por los huracanes Eta y Iota en noviembre de 2020, que se suman a la pobreza y violencia que azota la región.

Influencia exterior

Desde que los demócratas Joe Biden y Kamala Harris llegaron a la Casa Blanca, el 20 de enero pasado, su Administración ha querido, al menos en el discurso, atender las causas de la migración.

Pero Woltke Martínez cuestiona: «¿Qué está pasando realmente en Guatemala? ¿Estados Unidos está analizando las necesidades del pueblo guatemalteco o está analizando las necesidades de ellos para reducir la migración?».

Las necesidades «son muchas y la ayuda sustancial que promete o que ofrece o que entrega EEUU regularmente no llega a ser vista por las comunidades de origen», apunta. Así, recuerda que en muchísimas aldeas y pueblos de Guatemala «las condiciones de vida siguen siendo pésimas; el acceso a servicios, la seguridad, el acceso a empleo, todo esto lo vemos como siempre, en condiciones desfavorables y las acciones que en el discurso se dan a conocer realmente no le resuelve la situación de vida de los millones de personas que están en condiciones de pobreza».