Los jueces españoles concluyeron un total de 42 procedimientos por corrupción a lo largo del pasado año 2019 en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 253 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos. Ninguno de ellos fue en Castilla-La Mancha, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De los 42 procedimientos por corrupción cuya instrución o fase de investigación finalizó en 2019, 8 fueron en Andalucía, que estuvo a la cabeza de la clasificación, seguida de Cataluña y Comunidad Valenciana, con seis en ambos casos; Galicia (5), Asturias (4); Baleares y Madrid (3); Murcia y Castilla y León (2) y Extremadura y País Vasco (1). Cantabria es junto con La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha, Aragón y Canarias las comunidades autónomas donde no se concluyó en 2019 ningún proceso de este tipo.

Estos datos sobre procedimientos por corrupción figuran en el repositorio del Consejo General del Poder Judicial tras la incorporación de la información correspondiente al último trimestre del pasado año.

El repositorio es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite a la ciudadanía conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores (número de acusados y/o procesados, procedimientos, sentencias dictadas, etc.), que se actualizan cada tres meses.

La información que se ofrece corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la sociedad.

De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos se tipifican en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística; prevaricación administrativa; infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos; cohecho; tráfico de influencias; malversación; fraudes y exacciones ilegales; negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función, y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

Completan la lista de delitos de corrupción las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función y la corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

SENTENCIAS POR CORRUPCIÓN. Por otra parte, durante el año pasado, los órganos judiciales dictaron 91 sentencias en todo el territorio nacional, de las que 26 fueron absolutorias y las 65 restantes -el 71,42% del total- condenatorias (33 condenatorias sin conformidad, 18 de conformidad y 14 parcialmente condenatorias).

De estas 91 sentencias, 29 fueron en el cuarto trimestre del año, de las cuales 10 fueron absolutorias y 19 condenatorias (8 con conformidad, 8 sin conformidad y 3 parcialmente condenatorias). Una de las 29 dictadas fue en Cantabria y fue condenatoria sin conformidad.