La nueva ley prevé dos escalones de alcance. El primero es de los beneficiarios de una garantía de ingresos, en el que se estiman que estarán unos 23.000 hogares con 93000 beneficiarios, de los cuales 37.000 serán menores de 18 años. El segundo es el de los beneficiarios de garantías complementarias, con acceso a ayudas públicas por su renta en cuestiones como educación, transporte o vivienda. Aquí se situarán unas 100.000 familias, según explicó la consejera de Garantías, Inmaculada Herranz.
La consejera reiteró que la inversión en el sistema amparado en el Plan de Garantías supondrá un retorno a la sociedad de 1,4 euros por cada euro invertido. Así, se calcula que creará unos 1.000 nuevos empleos a tiempo completo, incrementará la productividad regional en unos 90 millones de euros y generará un retorno vía impuestos de 2,9 millones de euros.
La nueva ley generará una aumento de inversión en los sistemas de protección social de 17 millones de euros durante 2019, llegando así a los 61 millones de euros anuales. Esto equivale a un 0,3 por ciento de los presupuestos regionales.
Por su parte, el vicepresidente segundo de la Junta, José García Molina, destacó que "esta ley nos va a colocar a la altura de las regiones más avanzadas en protección social".