Acaba de cumplirse un año de las grandes movilizaciones del sector agrario tras la pancarta de ‘Precios justos’. Sin embargo, bajo ese eslogan se encerraba una batería de demandas de cara a lograr una actividad agraria sostenible. Y para ello juegan un papel determinante básicamente tres factores: una, las ayudas comunitarias de las que no disponen todos los sectores; dos, los precios de los mercados con el funcionamiento de las medidas de regulación o la capacidad de autorregulación de cada sector; y, como tercer componente, la evolución de los costes de los medios de producción, desde la fiscalidad a los abonos.
Con los tractores en las carreteras, el Ministerio de Agricultura y las organizaciones agrarias desarrollaron unas negociaciones que se concretaron en una veintena de compromisos con los que se abarcaban todas las demandas, desde los procesos de producción a los de la comercialización e incluso la mejora de la imagen del sector ante la sociedad. Agricultura cumplió con su compromiso de modificar la Ley de la Cadena para lograr un mayor equilibrio en la distribución del valor de la misma. En esa línea, como la novedad más importante, estableció la obligación de que los precios de venta de los productos en el campo cubrieran, como mínimo, los costes de producción y que esa política se cumpliera en cada uno de los eslabones de la cadena hasta el operador final, que podría aplicar su propia estrategia (ofertas o promociones) siempre que no perjudicara la imagen, valor y calidad del producto ni lo repercutiera sobre eslabones anteriores.
La medida suponía dar un vuelco a la normativa anterior, por lo que su aplicación no era cosa de un día y más cuando se trata de muchos productos perecederos. Además las relaciones de poder entre comprador y vendedor son muy desiguales. No se puede decir que se haya cumplido en todos sus términos, cuando además son tan diferentes los costes de producción en cada explotación. Pero, asumiendo que se trataba de una novedad importante, se podría concluir que ha supuesto un gran avance para que los precios de compra en origen sean un poco más justos bajo la vigilancia de la AICA y de las comunidades autónomas. En esta dirección, Atocha cumplió su compromiso de aportar más fondos a la Agencia para el control de la cadena.
Agricultura se comprometió a mantener en Bruselas el presupuesto de la PAC para el próximo periodo. El gobierno dice que lo ha cumplido al disponer de una cifra igual a la del periodo anterior, mientras el sector estima que, si se tiene en cuenta la inflación, la realidad es que en capacidad adquisitiva habría un recorte del 10% de recursos.
El departamento de Atocha cumplió su compromiso de elevar los fondos para los seguros agrarios, que han pasado de 211 a 251 millones de euros como cifra de partida tras ejercicios de congelación, aunque cada año se complementaban con créditos extraordinarios que no impidieron subir las primas pagadas por el campo. También fue fiel a lo prometido al incrementar los fondos para incentivar la compra de maquinaria agrícola, que pasa de cinco a 9,5 millones de euros, de los que 6,5 son como ayuda directa y tres para créditos. Se cumplió con el mantenimiento del sistema de tributación o la bonificación del gasóleo agrícola. Igualmente se halla en el haber del Ministerio la modificación de la normativa para que los agricultores jóvenes en su primera instalación no pagaran la fiscalidad en un solo abono e incluso antes de recibir los fondos ante la voracidad de Hacienda, sino que lo hicieran en un plazo de cuatro años. Pura coherencia para no hundir a uno que inicia su actividad.
En la parte oscura.
No se han cumplido los compromisos y las expectativas del sector en lo que afecta a los mecanismos para el control de las importaciones en volumen, precios y en la calidad y seguridad fitosanitaria, a pesar de las reiteradas denuncias de algunos de los sectores afectados, desde la huerta a la cabañas ganaderas. Tampoco se puede hablar de cumplimiento en todo lo referido al papel que debe jugar el Observatorio de la Cadena, ya que no se han actualizado los estudios que se hicieron hace una década y solo se han comprometido otros nuevos para sectores como los cítricos, el aceite o la leche. Además de esos nuevos estudios sobre el valor de la cadena, el sector sigue echando en falta la existencia de un lugar donde analizar y seguir al menos el comportamiento de los precios de los medios de producción que año tras año suben recortando los márgenes de las explotaciones.
El Ministerio, como todos los responsables de los gobiernos anteriores, se comprometía a impulsar las políticas de regadíos para su modernización desde la eficiencia y la sostenibilidad. Atocha ha respondido a este compromiso en base fundamentalmente a la asignación de importantes fondos procedentes de Bruselas abiertos como consecuencia de la pandemia. Pero esta apuesta por la eficiencia y la sostenibilidad, en resumen, con ahorros de costes, tiene su punto oscuro en la política de esconder la cabeza bajo el ala frente a la exigencia parlamentaria de ofrecer a los regantes la posibilidad de tener un doble contrato con las eléctricas para no pagar el término potencia durante todo el año sin regar. Agricultura dejaba en manos de Transición el desarrollo de las fuentes de energía renovable para agricultores y y ganaderos.
Para este tipo de actuaciones ha llegado de Bruselas a Transición Ecológica el paquete más elevado de fondos, a los que han acudido en tromba los grandes grupos energéticos. Desde Agricultura no se han puesto en marcha iniciativas o impulsado actuaciones para que esas nuevas fuentes de energía eólica, solar, en base a residuos, etc., pudieran estar directamente en manos de los agricultores y ganaderos, desde los riegos a las instalaciones, y no seguir dependiendo de los grandes grupos energéticos donde se han recolocado docenas de políticos de todos los signos.
Finalmente, otro de los compromisos de aquellas negociaciones era mejorar la imagen del sector ante la sociedad. Agricultura perdió la ocasión con motivo de la pandemia, cuando todo el mundo alababa el papel estratégico del campo, de haber sacado al Ministerio de los puestos de cola que tiene en el tren de Moncloa a la hora de los repartos de fondos.
Así pues, se han producido avances a un año de las movilizaciones, pero también retrasos u olvidos que el sector agrario podría volver a recordar al Ministerio.