Castilla-La Mancha aprueba en prestación de Servicios Sociales después de años de suspenso, con una notable mejora a lo largo de la última legislatura. La región obtiene un 5,85 de nota según el último Índice DEC 2018 que publicó este lunes la Asociación estatal de directores y gerentes en Servicios Sociales. Castilla-La Mancha se convierte así en la séptima comunidad que mejor servicios sociales presta, superada por País Vasco, Navarra, Castilla y León, La Rioja, Cataluña y Asturias
Según este informe, este 5,85 es un punto más de lo que obtuvo en 2015, al inicio de la legislatura, «quebrando la tendencia negativa que sufrió en la anterior» recoge el documento presentado este lunes en Madrid, gracias a una importante mejora en la cobertura efectiva de prestaciones y servicios a la ciudadanía. También presenta una «mayor eficiencia del sistema», que era uno de sus principales desequilibrios, aunque en la definición de derechos y la ordenación del sector, sigue careciendo de un catálogo que concrete los derechos que la ley reconoce. En este punto señala el documento que «la ordenación del sistema es todavía deficiente».
Sí se mantiene una relevancia económica «elevada» con sus tres indicadores por encima de la media estatal, con un gasto por habitante y año de 428,63 euros frente a los 381,25 de la media nacional; una inversión por encima del 2% del PIB regional frente al 1,5 del estado; y casi el 11% del presupuesto total regional, cuando la media estatal se queda en el 9,3%.
En cuanto a la cobertura efectiva de prestaciones y servicios este índice recoge la «mejora evidente a lo largo de los últimos cuatro años», con un sistema de atención a la Dependencia que alcanza el 9,4% de las personas potencialmente beneficiarias, y reduciendo la tasa de desatención del 39% que registró en 2016 al 24,6%.
No obstante, Castilla-La Mancha presenta aún márgenes de mejora en muchos aspectos en la prestación de servicios sociales, como la renta mínima de inserción donde aparece como la última región del país alcanzando solo al 2% de la población que se encuentra bajo el umbral de la pobreza en la comunidad, muy lejos de la media estatal (8%), y a un abismo de regiones como País Vasco o Navarra, que llegan a más del 60%.