Las últimas medidas anticovid que afectan al ocio nocturno y la hostelería son el penúltimo capítulo de la complicada relación de cogobernanza entre el Gobierno y las comunidades que, semana tras semana, amplían la brecha que las separa en su forma de entender el avance hacia el final del túnel de la pandemia.

España salió hace un mes del estado de alarma, y mientras la curva de incidencia ha caído en picado -aunque lleva días estabilizada-, las discrepancias en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud han ido en sentido inverso a cuenta de las restricciones que se deben aplicar ahora y de la vacunación, con la polémica de AstraZeneca de fondo.

Hace un mes que miles de personas improvisaron una fiesta multitudinaria echándose a las calles al grito de «libertad» para festejar el fin del estado excepcional, mientras sanitarios y científicos se echaban las manos a la cabeza temerosos de que el ingente esfuerzo de año y medio hubiera sido en balde.

Las imágenes dieron gasolina a la oposición para culpar al Gobierno y a varias autonomías para criticarle por haber anticipado demasiado el fin de este mecanismo constitucional que echó a andar el 25 de octubre; pero el Ejecutivo se mantuvo firme en que había llegado la hora de las comunidades y que las medidas que se tuvieran que adoptar se tomarían en el seno del Consejo Interterritorial.

El anuncio de Pedro Sánchez el 6 de abril de que no iba a pedir una prórroga del estado de alarma levantó los recelos de un nutrido grupo de comunidades, encabezadas por el País Vasco, que consideraba que el Gobierno central no podía lavarse las manos y debía alargar la alarma para evitar el caos jurídico del verano anterior.

Durante todas esas semanas arreciaron las críticas ante la inquietud de que la evolución de la pandemia aún no era favorable y las medidas de contención a implementar, como toques de queda o cierres perimetrales, no podían quedar al criterio de los distintos tribunales superiores de justicia.

Nacía así uno de los más enconados debates tras expirar el estado de alarma: el de si la legislación ordinaria era suficiente para afrontar una desescalada con restricciones de derechos fundamentales -como sostiene el Gobierno- o si, por el contrario, España se adentraría en un caos jurídico, como auguraron sus detractores.

El Ejecutivo impulsó una reforma exprés para permitir que, en caso de conflicto, sea el Supremo el que tenga la última palabra en materia de restricciones y el tribunal se ha pronunciado sobre varias decisiones autonómicas previamente anuladas por los tribunales superiores de justicia.

Las dos más relevantes son las relativas al cierre perimetral de Canarias y al toque de queda de Baleares. En ambos casos el Supremo rechazó las pretensiones autonómicas, pero también estableció su criterio al respecto.

El alto tribunal cree que la legislación española «ofrece suficientes precisiones, objetivas, subjetivas, temporales y cuantitativas para satisfacer la exigencia de certeza que han de tener los preceptos que fundamentan restricciones o limitaciones puntuales de derechos fundamentales y, en concreto, de la libertad de circulación».

Mientras tanto, Gobierno y las regiones han mantenido su cita semanal en la Interterritorial, marcadas por otras dos grandes discrepancias: la vacunación con AstraZeneca y las actuaciones coordinadas que afectan al ocio nocturno y al sector de la hostelería.

La divergencia de criterio sobre la segunda dosis a los menores de 60 vacunados con Vaxzevria (nombre comercial de esta vacuna) ha levantado broncos debates entre los que apoyan completar la pauta con Pfizer y los que quieren seguir la recomendación de la EMA y la ficha técnica del medicamento que apuesta por hacerlo con el antídoto anglosueco.

Ya la propia apuesta de la Comisión de Salud Pública por la pauta heteróloga anticipaba las diferencias, puesto que salió adelante con 10 votos a favor, siete en contra y tres abstenciones. Las distancias se recortaron -un poco- cuando finalmente la Interterritorial secundó al Ministerio para dar la opción de vacunarse con AstraZeneca a aquellos que rechazaran la de Pfizer previa firma de un consentimiento,  que dio lugar a otra polémica.

El último gran revuelo ha sido el surgido en la última reunión de Sanidad y autonomías: la declaración de actuaciones coordinadas que permitía la reapertura del ocio nocturno en zonas de riesgo bajo y la limitación de horarios y aforos a la hostelería, que recibió cinco votos en contra y una abstención. Todavía está por cerrarse este episodio, ya que el nuevo plan se debate hoy.

Estabilización

Pese a la incertidumbre inicial sobre el impacto que iba a tener la reapertura en la situación epidemiológica, lo cierto es que en este último mes el virus no ha hecho más que retroceder, si bien la velocidad de descenso lleva acumulando días de ralentización: España abandonó el estado de alarma con una incidencia que rozaba los 200 casos por 100.000 habitantes, y hoy es casi la mitad (115). Y en ello tienen mucho que ver las vacunas, ya que en España ya hay más de 11 millones de personas con la pauta completa.