Las consejerías del Gobierno regional han gastado unos 43,81 millones de euros en contratos menores en los últimos tres años. Así puede deducirse de las explicaciones sobre este asunto ofrecidas por el secretario general de la Consejería de Hacienda, Carlos Barrios, ante la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes de Castilla-La Mancha.
Durante su comparecencia, celebrada en la tarde de ayer, Barrios optó por dar el total de dinero destinado a contrataciones por las consejerías, tomando como base la web de contrataciones del Gobierno regional ‘Picos’, y el porcentaje (sin traslación a euros) que suponen los contratos menores, que pueden otorgarse de manera directa a una empresa sin que compita frente a otras en un concurso. Así, comentó que en 2016 todas las contrataciones ascendieron a 398,7 millones, de los cuales un 4,7 por ciento -18,73 millones, según se puede calcular por la regla de tres- fueron a contratos menores. En 2017, el total de las contrataciones ascendió a 196,2 millones, y un 7 por ciento -13,73 millones fueron a contratos menores. Ya este año, hasta el 31 de octubre, el total contratado ascendió a 516 millones, de los cuales un 2,2 por ciento -11,35 millones- fueron a contratos menores. De este modo, los contratos menores han acaparado un 3,97 por ciento del total -1.100 millones- contratado en tres años. Educación y Cultura es la consejería que más ha recurrido a esta fórmula, acaparando un 37 por ciento del montante de contratos menores.
El PP, partido que motivó la comparecencia de Barrios, expresó su decepción con los datos ofrecidos. Su diputado Lorenzo Robisco lamentó que el responsable de Hacienda no expusiera las cifras absolutas de contratos menores y el dinero destinado a ellos, y se limitara sólo a ofrecer porcentajes que obligaban a los oyentes a tirar de calculadora para entender la información ofrecida. «Cuando alguien solo da porcentajes, algo nos quiere ocultar», concluyó.
La nueva ley de contratos limita más.
Barrios recordó durante su comparecencia que estos contratos directos, sin concurso previo, ya estaban limitados por unidad desde 2011 a un máximo de 50.000 euros en obras y 18.000 euros para un suministro o servicio para dificultar su uso con el propósito de burlar las reglas de competitividad entre empresas por una licitación.
Sin embargo, recordó que la nueva Ley de Contratos del Estado, en vigor desde el pasado mes de marzo, ha restringido todavía más esta fórmula de contratación. Para empezar los límites por cada contrato de este tipo se reducen, sin contar el IVA, a 40.000 euros en el caso de obras y a 15.000 para servicios y suministros. Además, se obliga al órgano responsable de la contratación a elaborar un ‘informe de necesidad’ que justifique el recurso a esta contratación directa y se establece que un contratista no puede recibir por esta vía nuevos encargos cuando la cuantía total que ha percibido anteriormente en un año se acerque a los límites ahora fijados. También se prevé que no se puede usar este sistema para alterar contrataciones que deban acometerse por las vías ordinarias de concurso, entre otras medidas.