El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca Galdón, ha presidido hoy la reunión de la Comisión Regional de Seguimiento del Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas, donde se aprobó la propuesta de reparto y el calendario de actuaciones para el presente ejercicio, que prevé un aumento del presupuesto y de las contrataciones respecto al año 2020. Los ayuntamientos de Castilla-La Mancha que acudan a este Plan dispondrán de un total de once millones de euros para contratar a trabajadores en paro del régimen especial agrario que realizarán obras o servicios de interés general o social.

Esto, según Tierraseca, «evidencia un incremento del 9,52% (son más de 960.000 euros) respecto a la cuantía total destinada para este Plan especial el año pasado en la región, que fue de 10,1 millones de euros».

El Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales permitirá, además, que, al igual que ya ocurrió en la pasada campaña, los trabajadores contratados reciban un salario superior al del año anterior, puesto que contempla el incremento del salario mínimo interprofesional, incidió Tierraseca.

«Un plan muy demandado». En ese sentido, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha puso de relieve que se trata de un Plan «muy demandado por los ayuntamientos porque el coste de las contrataciones lo asume íntegramente el Estado» y señaló también que «los criterios de reparto serán muy similares a los del año pasado».

En la Comisión Regional, que se ha celebrado hoy por videoconferencia, se aprobó la propuesta de distribución a nivel provincial de los créditos del Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas, que se destinará a contratar a 2.420 trabajadores del sector agrario en Castilla-La Mancha, lo que representa también un aumento en 211 contrataciones más respecto a las 2.209 del año pasado (9,55%).

Una vez aprobada la asignación de los créditos a nivel provincial, las respectivas comisiones provinciales procederán a la aprobación de la distribución a cada uno de los ayuntamientos beneficiarios, que lo serán mediante la ponderación del paro agrario registrado y los afiliados al SEASS.

A la reunión de la Comisión regional asistieron también los responsables del Área de Trabajo y del Área de Agricultura de la Delegación del Gobierno, la directora provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y representantes de los sindicatos CCOO y UGT-FICA y de las organizaciones agrarias Asaja y UPA.