Unos 800.000 funcionarios interinos españoles que llevan años encadenando contratos temporales aspiran a convertirse en fijos como resultado del procedimiento que se dirime en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuya sentencia se espera para septiembre u octubre.

Según ha explicado a los medios este martes el abogado Javier Aráuz, que lleva más de 5.000 casos de encadenamiento "abusivo" de contratos en la Administración, está a la espera de que el abogado general del TJUE eleve su informe sobre dos cuestiones prejudiciales presentadas por tribunales madrileños a este respecto, un texto previsto para el 11 de julio, pero que se ha aplazado hasta el 5 de septiembre.

Esto permitiría contar con una sentencia en "dos o tres meses" que, de ser favorable, daría "un importante varapalo al Gobierno de España" por incumplir la directiva europea que pide combatir la temporalidad en el empleo público.

Aráuz ha apuntado que muchos funcionarios interinos encadenan contratos temporales durante años y están discriminados porque no cuentan con la misma protección social que los fijos -excedencias, licencias- y se les puede despedir de manera gratuita, algo que no puede hacerse en el sector privado.

Esta situación se complica con las ofertas públicas de empleo convocadas ahora para dar estabilidad al empleo público, que pueden suponer la salida de trabajadores que llevan años en el puesto.

El objetivo, ha insistido, es "transformar la relación temporal abusiva en fija", más como forma de "castigar" a la Administración por incumplir la directiva europea que para "premiar" al trabajador.

Entre los reclamantes que han expuesto sus casos figuran empleados de la sanidad o la justicia que llevan diez e incluso 20 años encadenando contratos temporales, y que consideran injusto tener que afrontar ahora unas oposiciones para acceder a un puesto para el que ya han demostrado capacidad e idoneidad cuando en algunos casos no se han convocado plazas en más de una década.

Asimismo, han relatado cuestiones que consideran discriminatorias como los contratos de guardias hospitalarias, que no tienen salario base, la imposibilidad de solicitar excedencia por cuidado de familiares o de acceder a la tarjeta sanitaria europea de larga duración para los hijos.