COLABORACIÓN

Fernando Lussón

Periodista


La investidura de Sánchez, más cerca

La Abogacía del Estado no es más que una de las partes que interviene en el proceso judicial contra los autores de un delito de sedición relacionado con la nonata república catalana, y como tal su escrito elevado al Tribunal Supremo, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la inmunidad de los candidatos condenados o huidos es uno más de los presentados ante la sala del Tribunal Supremo que los juzgó.  

Del escrito de la Abogacía se desprende una conclusión taxativa y otra condicionada. La primera es que el juicio del ‘procés’ es perfectamente válido y no tiene que ser anulado bajo ninguna circunstancia, tal y como han pedido las defensas. La condicional es que “cabría permitir”  el desplazamiento de Junqueras a la Junta Electoral Central o a lasede del Parlamento Europeo para que cumpliera los trámites necesarios para ser eurodiputado y que para ello podría ser puesto en libertad con la medidas de control necesarias, para que no se sustrajera al cumplimiento de su condena mientras la Eurocámara decide sobre el suplicatorio que el Supremo debiera pedir a Bruselas “con la mayor rapidez posible”.

En cualquier caso, la Abogacía deja en manos del Supremo que consulte a la Eurocámara todo lo que considere oportuno para dar cumplimiento a la sentencia de Luxemburgo y que lo haga como estime conveniente “al amparo del principio de cooperación leal". En definitiva, la Abogacía se reitera en su escrito del pasado mes de julio, niega la nulidad del juicio y defiende que el Supremo realizara la consulta prejudicial al TJUE.  

Las consecuencias del escrito ponen de manifiesto también que era una condición muy débil de los independentistas, que era una excusa para ganar tiempo y probablemente para avanzar en otros aspectos del acuerdo entre el PSOE y ERC para su abstención en la investidura de Pedro Sánchez, cuyos términos son los que deben conocerse públicamente para saber cuál es el grado de peligro que corre la soberanía nacional y si confirma el apocalipsis que pregonan quienes consideran un peligro un gobierno Frankenstein, sin haber hecho nada por evitarlo, pese a no contar con una alternativa a un Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez.

Salvado, al parecer, el escollo de ERC, el PSOE ha avanzado en el acuerdo con sus otros dos socios necesarios,, Unidas Podemos y el PNV. El acuerdo con los primeros da luz verde a algunas medidas de carácter social y progresivo que están en el ADN de ambos, que se pondrán en marcha en los primeros Consejos de Ministros que contarán con un vicepresidente de un partido a la izquierda del PSOE.

Con el PNV, cuyos diputados también son imprescindibles para que las cuentas de la investidura salgan en segunda vuelta, ha firmado un pacto que va en la misma dirección que las demandas de ERC, el de hablar ‘políticamente’ y no en los tribunales –que no es aceptar, ni rendirse, ni poner en almoneda la unidad de España sus pretensiones-  de los problemas territoriales existentes, en un momento en el que también la Comunidad Autónoma Vasca se encuentra inmersa en la reforma de su estatuto de autonomía, y no está de más recordar que todavía faltan por transferir una treintena de competencias del que está en vigor.

No obstante, habrá que recordar que contra el vicio de pedir de los nacionalistas de todo tipo está la virtud de dialogar.