El Gobierno regional ha firmado un convenio con el Consejo General del Poder Judicial para detectar casos de vulnerabilidad de familias de la región, que se pudieran ver amenazadas con un posible desahucio por no poder hacer frente a los pagos de una hipoteca o del alquiler. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, informó esta mañana de este acuerdo «para que no miremos para otro lado y podamos mirar a los ojos y decir: vamos a intentar ofrecer toda la ayuda posible».

Precisó que, a través de este convenio, se va a facilitar los órganos judiciales y a las oficinas de intermediación hipotecaria toda la información relativa a las circunstancias económicas y sociales de esas familias para evitar un proceso de lanzamiento o para conseguir un acuerdo de mediación.

Hernando aprovechó para hacer un rápido balance de la labor de las oficinas de intermediación hipotecaria desde que se pusieron en marcha en 2015. Señaló que han atendido 4.300 consultas de familias, que han evitado 150 lanzamientos en la región y que han propiciado casi 400 acuerdos gracias a su acción mediadora.

Aunque asume que con esta nueva crisis volverá haber dificultades, Hernando recalca que hay una diferencia positiva:«Hemos aprendido del pasado y vamos a reaccionar de manera distinta». Por eso, cree que se trabajará para que haya «menos presión, desasosiego e incertidumbre» entre las familias.

Hernando contó que han pedido al Gobierno de España que permita utilizar remanentes de fondos del Plan Estatal de Vivienda para poder utilizarlo para reconstruir los daños del Covid-19.