CRÓNICA PERSONAL

Antonio Casado

Periodista especializado en información política y parlamentaria


Guardia baja

Es muy débil la reacción del independentismo catalán a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Queda sintetizada en las palabras del expresidente de la Generalitat, el prófugo Carles Puigdemont, cuando acusa a la Justicia española de tener "secuestrado" a Oriol Junqueras, cuya libertad inmediata reclama.

De repente ha decaído el peligro de fuga, la gravedad del delito cometido o la posible destrucción de pruebas, como las buenas razones por las que Oriol Junqueras sufrió la prisión preventiva (una condición ya desbordada por el hecho de que ya pesa sobre él una sentencia firme).

Nadie puntualiza ahora que Junqueras se sentó en el banquillo meses antes de que se celebrasen las elecciones europeas que, según la resolución de Luxemburgo, le han acabado otorgando una especie de inmunidad sobrevenida. ¿A nadie se le ha ocurrido que pudo presentarse a las elecciones precisamente para eludir la acción de la Justicia?

Lo que trato de decir es que las reacciones a la sentencia del Tribunal de la Unión Europea han pillado al Reino de España con la guardia baja frente a quienes aspiran a destruirlo. Con desalentadora facilidad se ha instalado la moraleja en los circuitos políticos y mediáticos: "Varapalo a la justicia española". Sorprende negativamente la casi unánime aceptación de un mensaje tan insidioso.

Se ignora el varapalo a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo que en su día respaldaron a España al confirmar que el acceso al fuero del eurodiputado depende de las leyes nacionales. Por lo tanto, si España tiene "secuestrado" a Oriol Junqueras, como dice Puigdemont, sería con la complicidad de las instituciones europeas.

Pero nadie habla de eso. Aquí todo el mundo se apunta a desacreditar al máximo órgano jurisdiccional español porque debió haber reconocido la inmunidad de Junqueras desde el 13 de junio. Eso no se hubiera ajustado a la normativa europea preexistente, que remitía a la normativa española (recogida del acta en la JEC y acatamiento de la Constitución), que Junqueras incumplió por las razones que fueran.

En la duda, el Tribunal Supremo, en supremo respeto al derecho de un procesado a ser juzgado con todas las garantías, consultó al TJ de la UE, que ha acabado modificando dicha normativa al establecer que la condición de eurodiputado se obtiene por los votos y no por formalidades administrativas.

Pero, atención, el señor Junqueras no va a salir de la cárcel. Está condenado a 13 años de cárcel y de inhabilitación para cargo público, por sedicioso y malversador.