La Ley para extinguir las Cámaras Agrarias provinciales ya ha pasado la criba jurídica del Consejo Consultivo y el Gobierno regional ha decidido mandarla ya a las Cortes regionales. Solo faltará, por tanto, que los partidos políticos la debatan y la voten. 

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Blanca Fernández, señaló que básicamente lo que se pretende es fijar qué hacer con el patrimonio de estas instituciones que ya estaban vacías de contenido. Por ejemplo, sus 3.526 parcelas se destinarán a formar un banco público de tierras en la región. "Su objetivo es facilitar la incorporación de personas jóvenes al campo, especialmente aquellas que no tienen terrenos", explicó. En total sumarán así 5.600 hectáreas.

Pero también tenían inmuebles y solares. Fernández expuso que se pasarán a los ayuntamientos y organizaciones agrarias pero con el requisito de que "su uso esté adecuado a la atención del sector agropecuario". Además se aprovechará el dinero que había en sus cuentas, alrededor de 1,8 millones, para infraestructuras agrarias y caminos.

La portavoz destacó que esta normativa permite resolver también ciertos problemas que quedaban en los pueblos de colonización que se crearon en época de Franco. En concreto, se hace una modificación para que los huertos familiares, que estaban en cesión de uso, se puedan escriturar y heredar de generación en generación. Fernández explicó que esto afectaba sobre todo a pueblos de colonización en el área de Talavera como Alberche del Caudillo y Talavera la Nueva.