Sobre todo en el ámbito rural, el zurupeto era la persona que hacía labores de control de los registros civiles o de la propiedad, o de abogado y leguleyo, careciendo de la mínima formación. Un habitual y consentido revisor de los protocolos notariales y expedientes judiciales y administrativos en claro intrusismo profesional, ejerciendo de notario y de abogado.
La figura del zurupeto estaba tan extendida en España que en algunas zonas las autoridades tuvieron que imponer drásticas medidas. Es el caso, por ejemplo, de la comarca cántabra de la Merindad de Trasmiera: «(…) que en la dicha Merindad, de aquí en adelante, nadie sea osado de trabajar de ser abogado por otro en ningún pleito, a no ser que sea previamente escogido por los Juzgados de Derecho», reza una pragmática de los Reyes Católicos de 1495 ante la cantidad de pleitos que los zurupetos entablaban sin causa ni razón.
Para la consideración del intrusismo profesional como delito nos podemos remontar hasta las Partidas de Alfonso X, donde se castiga con «el destierro a una isla remota o a la pena de muerte a los curanderos, boticarios o físicos que, aplicando métodos propios de médicos, provocaban la muerte de los pacientes». Hoy el intrusismo profesional es un delito recogido en el artículo 403 del Código Penal, que contempla que quien ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente, incurrirá en la pena de multa de doce a veinticuatro meses. Si la actividad profesional desarrollada exigiere un título oficial que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere en posesión de dicho título, se impondrá la pena de multa de seis a doce meses. Señala el mismo artículo que se impondrá una pena de prisión de seis meses a dos años si el culpable se atribuyese públicamente la cualidad de profesional amparada por el título referido y si el culpable ejerciere los actos en un local o establecimiento abierto al público en el que se anunciare la prestación de servicios propios de aquella profesión.
El bien jurídico protegido por el tipo penal es el ciudadano que recibe la prestación profesional del intruso, la corporación profesional a la que afecta la conducta intrusa y también la sociedad en su interés público en que sean idóneas las personas que ejercen determinadas profesiones para las que el Estado reglamenta el acceso a la actividad, motivo por el cual todos los profesionales y todos los ciudadanos estamos obligados a denunciar a cualquiera que nos encontremos en situación irregular.
Confiar en los zurupetos puede suponer que nos pase como a Edeltrudio, un antiguo y conocido zurupeto que ejercía sus funciones en la localidad albaceteña de El Bonillo. En su Registro Civil aparecen algunas antiguas anotaciones de Edeltrudio en las inscripciones registrales por fallecimientos con el siguiente contenido: 'Causa de la muerte: De repente'.