La Mesa de las Cortes regionales calificó el 11 de marzo la proposición de Ley de Memoria Democrática de Castilla-La Mancha, registrada por Podemos. Significa que acepta su tramitación parlamentaria; sin embargo, no hay tiempo material -atendiendo a otras muchas leyes que aún siguen pendientes- para aprobarla en la presente legislatura, por lo que habrá que esperar al resultado de las elecciones autonómicas del 26 de mayo para certificar cuál será su destino. 

No obstante, la diputada regional de Podemos María Díaz la registró en las Cortes, junto a asociaciones civiles, con el fin de «recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático en Castilla-La Mancha».

En el texto se recoge que es la Junta de Comunidades la obligada a realizar las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de personas desaparecidas víctimas de la represión franquista y de elaborar mapas de localización de restos. También queda recogida la creación de un Instituto de la Memoria Democrática para el estudio, investigación e impulso de las medidas establecidas en la ley. 

Otro de los capítulos refleja la importancia que «el conocimiento de la verdad tiene para lograr los fines de esta ley» y «fortalecer los valores democráticos», y por ello «obliga» a que la materia de la memoria democrática sea incluida en el currículum de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y educación para adultos. Asimismo, deberá incluirse en los planes de formación del profesorado y «en los estudios universitarios que proceda».

Asimismo, se regula los lugares de memoria democrática y los senderos de la memoria, «espacios de singular relevancia, vinculados con la lucha del pueblo castellano-manchego por sus derechos y libertades democráticas, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de 1936, la Dictadura franquista y por la lucha por la recuperación de los valores democráticos hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en 1982».

la junta correrá con las tasas por inhumación. En el caso de identificación de los restos exhumados, cuando por deseo de los familiares se vaya a proceder a la inhumación de los mismos, el texto de la ley señala que la Junta asumirá, en aquellos casos en que así esté establecido por la entidad local en cuyo ámbito vaya a realizarse la misma, el pago de las tasas por servicios fúnebres.

Por otro lado, el Gobierno regional no podrá subvencionar, bonificar o prestar ayudas públicas  a aquellas personas o empresas sancionadas por resolución administrativa firme por «atentar, alentar o tolerar prácticas en contra de la Memoria Democrática».

anulación de distinciones en el plazo de un año. Otras de las cuestiones recogidas en la proposición de ley es que las administraciones públicas tienen la obligación de proceder, en el plazo de un año a partir de la publicación de la ley, a revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personas vinculadas al régimen franquista.

Multas de hasta 10.000 euros por no retirar símbolos franquistas

La proposición de Ley de Memoria Democrática de Castilla-La Mancha, presentada por Podemos, incluye un régimen de sanciones, clasificadas en muy graves, graves y leves.

Entre las muy graves se incluyen la destrucción de fosas de víctimas en los terrenos incluidos en los mapas de localización o en un Lugar o Sendero de Memoria Democrática; o la omisión del deber de conservación cuando traiga como consecuencia la pérdida, destrucción o deterioro irreparable de bienes inscritos como Lugar o Sendero. Las multas para este tipo de infracciones oscilan entre los 10.001 euros y los 150.000.

Entre las infracciones de carácter grave destacan el incumplimiento de la resolución por la que se acuerde la retirada de elementos contrarios a la Memoria Democrática; o el traslado de restos humanos sin autorización. Infringir uno de estos supuestos conllevaría multas de entre 2.001 y 10.000 euros.

Las infracciones leves implicarían multas de entre 200 y 2.000 euros y se cometerían, por ejemplo, si se incumple la obligación de permitir la visita pública a los Lugares o Senderos de Memoria Democrática; o si se realizan daños a espacios o mobiliario de los Lugares o Senderos, cuando no constituya infracción grave o muy grave.

La proposición de Ley recoge, además, que las infracciones no pecuniarias serán sanciones accesorias y consistirán en la pérdida del derecho a obtener subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas en materia de memoria democrática por un periodo máximo de dos, tres o cinco años en caso de infracciones leves, graves o muy graves, respectivamente, y en el reintegro total o parcial de la subvención en materia de memoria democrática concedida.