El secretario de Organización de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Alejandro Ruiz, en particular, y el partido, en general, tienen una cita el 23 de abril en el Juzgado de lo Social número uno de Albacete. Uno de los máximos responsables de la formación a nivel regional tendrá que responder ante un presunto caso de acoso laboral y degradación de funciones a una trabajadora que hoy está en tratamiento psicológico y con medicación debido a un trastorno adaptativo mixto. Un juicio al que se llega tras celebrar un acto de conciliación el 17 de diciembre al que no acudieron ni Ruiz ni Ciudadanos.

Así se desprende de la demanda a la que ha tenido acceso La Tribuna, en la que la demandante reclama la resolución contractual y una indemnización por «despido improcedente», así como otra adicional de 30.000 euros más por «vulneración del derecho fundamental a la integridad moral y la interdicción de tratos inhumanos o degradantes, así como por vulneración del derecho fundamental de la dignidad».

El relato de los hechos arranca en abril de 2016. Tras un proceso de selección, la trabajadora asume el cargo de responsable de Comunicación Digital en la región. La relación laboral nace bajo el amparo del entonces secretario de Organización, Antonio López, pero éste dimite a las tres semanas y su cargo lo ocupa Alejandro Ruiz. Tal y como se recoge en la demanda, «desde un primer momento» éste muestra una «actitud de presión» hacia la empleada.

Y así, en febrero de 2017, Ruiz remite un informe negativo al responsable de redes a nivel nacional, Javier Pereira, que contacta con la demandante para calmarla y decirle que siga trabajando. Ésta le transmite que «si hay quejas las solucionará trabajando más de lunes a domingo». Tanto es así que, «ante el miedo a no estar realizando bien su trabajo y por la presión constante», llega a decirle que «seguirá llevando las redes sociales desde el punto geográfico donde se encuentre». Episodios que, según la demanda, se repiten con Ruiz.

Una vuelta de tuerca. La situación de la trabajadora se complica a partir de diciembre de 2017 cuando se despide a la administrativa de la sede. Alejandro Ruiz hace saber a la demandante que «de momento» no se cubre ese puesto y que será ella quien asuma esas «funciones de inferior categoría». Durante ocho meses, asume tareas de administrativa y limpiadora, siempre según la demanda. La trabajadora se siente «agobiada e incómoda» en presencia de Alejandro Ruiz, por lo que graba las conversaciones con él «por miedo a reproches».

Durante los meses posteriores el trabajo «sigue siendo agotador», a lo que se suma que en abril de 2019 se celebran Elecciones Generales y la demandante trabaja «mañana, tarde y noche, así como de lunes a domingo». Una carga de trabajo que continúa en mayo, con los comicios autonómicos y municipales.

Del 9 al 26 de agosto, la demandante, trasladada ya a la sede de Albacete, se marcha de vacaciones, pero según recoge la demanda, «poco puede disfrutar de las mismas», ya que se lleva todo el trabajo consigo «por miedo» a recibir quejas de Ruiz. Este hecho se lo comenta a su jefe, Pereira, que «da el ok». A partir de entonces, «la situación va a peor» a raíz de un cruce de emails entre la trabajadora y el secretario de Organización, en los que ella propone una subida de sueldo valorando la carga de trabajo y los resultados obtenidos políticamente. En este sentido, la empleada recibe un correo de Ruiz indicándole que «de subida de sueldo nada» y que «si no cambia su manera de trabajar tomará otras medidas». Así, la trabajadora traslada a Pereira la situación y éste incide en que Ruiz no es su «jefe directo» para «entrometerse en su trabajo» y que «no puede utilizar la vía del acoso».

El 2 de septiembre la empleada convoca una reunión de trabajo y Alejandro Ruiz pide acudir personalmente, «pese a no estar convocado». En este encuentro, como argumenta la demanda, el secretario de Organización le dice a la trabajadora que «si esta situación no cambia, hablará con los responsables en Madrid para tramitar su despido». Ruiz utiliza un lenguaje agresivo, da varios puñetazos en la mesa y chasquea los dedos para explicar qué quiere y cómo tiene que gestionar su tiempo la demandante porque entiende que no se han obtenido resultados. Llega a decir que no ha habido una «puta acción digital», y por eso la demanda resalta el «auténtico desprecio».

En esa misma reunión, la empleada le comunica que tiene solicitadas unas vacaciones a Malasia y le dice que las cancela, a lo que él responde que «ella verá» y que «mientras el trabajo se quede hecho...». Al final, la demandante no pudo cancelar el viaje y Pereira le reconoció que Ruiz había manifestado su malestar porque la empleada se había ido de vacaciones «y no se había llevado las redes sociales con ella», pese a que las dejó a una responsable digital pagándole de su bolsillo. Los días posteriores, Ruiz empieza a agobiar a la empleada con WhatsApp a deshoras. Una actitud que se prorroga en el tiempo.

Visita al médico. En esta tesitura, el 26 de septiembre la trabajadora «pasa toda la noche vomitando y yendo al aseo» y le detectan un «estado de ansiedad», por lo que le recetan tranquilizantes y analgésicos. Tras este episodio, en octubre, la trabajadora mantiene una conversación con Pereira, quien le da a entender que no es de la confianza de Ruiz. Ante ello, la trabajadora le contesta que «para lo que quiere» sí ha sido de su confianza, ya que ha estado en la sede «realizando sus funciones y las de limpiadora y administrativa, trabajando los fines de semana, a deshoras y en vacaciones». Ante eso, Pereira no responde, «intentando quitarle hierro al asunto» y aconsejándole que intente un «acercamiento», que siga trabajando.

El 7 de octubre, en la sede albacetense del partido, a la empleada le vuelve a dar una ataque de ansiedad y es atendida en Urgencias del hospital. Dos días después acude al neurólogo, que le receta un medicamento para tratar la depresión y el trastorno de ansiedad generalizado. Al día siguiente, su médico de cabecera le diagnostica «depresión mayor» y le da la baja médica y la deriva a Psicología. De hecho, la demanda relata que la trabajadora está siendo tratada por un psicólogo particular y que hoy presenta un «gran cuadro de ansiedad, apatía y mucho miedo».