Abogados se oponen al plan de Justicia tras la cuarentena

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El Consejo de la Abogacía manifiesta su «más rotundo rechazo» por tratarse de decisiones «unilaterales» de importantes reformas procesales y considera que pueden constituir «un claro fraude de ley»

María Josefa Olivares, presidenta del Consejo de la Abogacia de CLM - Foto: Tomás Fernández de Moya

La administración de Justicia también ha impuesto una serie de medidas durante el estado de alarma y ya está intentando planificar la actividad cuando se vuelva a la normalidad. Sin embargo, el plan de choque diseñado no ha entrado con buen ojo. El Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha manifiesta «su más rotundo rechazo» y aprovecha para denunciar con tiempo suficiente «que bajo la excusa de responder a la excepcionalidad de la situación sanitaria motivada por la pandemia,  el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pretende introducir una serie de medidas dentro de los órdenes jurisdiccionales que suponen una reforma procesal unilateral, con modificaciones estructurales y procesales de gran calado, con vocación de permanencia, en un claro fraude de Ley».
En este sentido, el Consejo General de la Abogacía ha comunicado su malestar a travésde un comunicado en el que señala que el documento del CGPJ «supone un atentado contra derechos fundamentales en la medida en que restringe el acceso a la Justicia, conculca el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en el art. 24 de la CE, mermando los derechos y garantías procesales de los ciudadanos, consumidores y profesionales, pretendiendo con ello desmontar la actual estructura de la Justicia, haciendo desaparecer la llamada Justicia de Proximidad por ser cercana a la ciudadanía y de más fácil acceso».
 Por tanto, el Consejo califica de «reprobable» el hecho de que la actual situación originada por la pandemia «no puede ser aprovechada para imponer una visión única y absoluta de la Justicia, obviando y despreciando a la Abogacía y al resto de operadores jurídicos.». Además, el colectivo apuesta por el Pacto de Estado por la Justicia en el que tengan cabida todas las fuerzas políticas, a fin de que la Justicia actúe con rapidez, eficacia y calidad, disponiendo para ello de mayores recursos humanos, materiales y tecnológicos, respetando las exigencias constitucionales de una tramitación legislativa ordinaria.  
 
Por otro lado, el Consejo de la Abogacía de Castilla - La Mancha se adhiere expresamente a las medidas de agilización procesal propuestas por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) por entender que son las más adecuadas en la situación actual que vive nuestro Estado social y democrático de Derecho, y lo reconoce como interlocutor válido de la Abogacía para canalizar las propuestas y sugerencias de los abogados y sus instituciones.
Por último, el Consejo de la Agobacía de la región también se adhiere a las reivindicaciones del CGAE para que se hagan extensivas «a los profesionales de la Abogacía adscritos a los regímenes alternativos de las mutualidades tanto a nivel estatal como autonómico. Para ello, se ha remitido recientemente un esdrito a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.