COLABORACIÓN

Fernando Lussón

Periodista


Plan España

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado ha anunciado un Plan España para Cataluña con el que pretende recuperar la concordia en ese territorio. Pero no es concordia lo que se desprende de sus propuestas. Concordia, según la el diccionario de la RAE es “conformidad, unión”, en su primera acepción; y “ajuste o convenio entre personas que contienden o litigan”, en la segunda. En el plan propuesto por el líder de los populares no predomina ni la conformidad ni el convenio entre los litigantes, sino una vuelta de tuerca a la posición de fuerza y a la mano dura que el PP preconiza para acabar con el conflicto en Cataluña.

La mayor parte de las propuestas de Pablo Casado para poner en marcha un movimiento cívico con el que se pretende limitar todos y cada uno de los pilares en los que los nacionalistas catalanes han basado su autogobierno, la lengua, la educación, los medios de comunicación y la seguridad. Y, en cada uno de esos aspectos, las acciones que hace Casado sería imposible llegar a un acuerdo, porque pretende instaurar una ley de lenguas para que el catalán sea mérito y no requisito, que se retire a la Generalitat el control de los mossos d’esquadra, que se financie a los medios de comunicación que no que se pliegan al independentismo, que se modifique el Código Penal para volver a introducir el delito de rebelión impropia, por si quieren “volverlo a hacer, o que se envíe a Torra el requerimiento de aviso de que el 155 pende sobre su cabeza.

En ninguna de las medidas de Pablo Casado hay ánimo de alcanzar una conformidad, un convenio sino que se trata de imponer los criterios de fuerza que han venido promoviendo como la solución al expediente catalán en lugar del ‘apaciguamiento’ y la moderación que critican al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al igual que sus apelaciones al diálogo, porque para el presidente popular el independentismo es protagonista de las algaradas violentas.

Cuando Casado afirma que  el nacionalismo “ha roto Catalunya en mil pedazos” no le falta razón,  lo mismo que cuando afirma que las “las élites de Catalunya han fallado a su gente”, e incluso cuando dice que ahora les toca a los constitucionalistas recomponer la convivencia. Ahora bien, es dudoso que el diálogo se pueda establecer sobre las bases que ha expuesto, de la misma manera que tampoco es un punto de partida la pretensión de los independentistas de hablar con el único fin de conseguir la amnistía para los políticos presos por el procés y el derecho de autodeterminación.

Ni con mano dura a todas horas ni con la reclamación de derechos inexistentes se puede  avanzar en la conllevanza orteguiana. Tampoco ayuda que desde el PP se cuestione continuamente el constitucionalismo de Pedro Sánchez, o que cuando actúa contra las intenciones de los independentistas de consolidar su espacio se le acuse de electoralismo a todas horas, o que se presente como la prueba del algodón de su deslealtad el mantenimiento de acuerdos del PSC con los partidos independentistas, a los que dice que debe su estancia en La Moncloa, obviando que todos los partidos salvo Ciudadanos votaron la moción de censura contra Mariano Rajoy por la corrupción endémica que afectaba al PP, que además se sirve de   anticonstitucionalistas confesos de VOX para consolidar su poder territorial.