Diputación y la ONCE cooperan en favor de los discapacitados

Redacción
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El presidente provincial mantiene una reunión con este grupo social y valora positivamente las más de 200 personas que trabajan en sus programas

Diputación y la ONCE cooperan en favor de los discapacitados

La Diputación de Cuenca y el grupo social ONCE han tenido una reunión para acercar posturas y mejorar la colaboración en aras de trabajar para que las personas con discapacidad tengan una mejor calidad de vida. El presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, ha recibido en su despacho a José Martínez, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha y Javier Martínez, director de ONCE en Cuenca, para tratar temas como la accesibilidad en el transporte público y las calles, la regulación del uso de patinete o la adaptación del pavimento a las necesidades de las personas con discapacidad. También se ha abordado la accesibilidad a la educación y al ocio, para que las personas con discapacidad puedan disfrutar con normalidad de su asistencia a conciertos, exposiciones, así como a una educación inclusiva. El presidente ha alabado la gran labor que lleva realizando durante los últimos años la ONCE en la provincia de Cuenca que está ayudando a muchas personas que tienen capacidades diferentes, en este sentido, ha valorado positivamente la inserción laboral que realiza este grupo “a través de iniciativa social que emplean a más de 200 trabajadores en toda la provincia”.

Por su parte, ONCE considera que los Ayuntamientos juegan un papel importante en el terreno laboral debido a su cercanía a los ciudadanos, por lo que pone a disposición de todos ellos los recursos de la Fundación y el programa Inserta Empleo para incluir en las bolsas de empleo de los consistorios de la provincia a personas con discapacidad. Durante este encuentro, los responsables de la ONCE han mostrado al presidente su preocupación por el juego ilegal, que provoca un serio problema no sólo a la organización, sino a las arcas del Estado, debido a las pérdidas que provoca al erario público y, en algunos casos, al abuso que se hace de las personas con discapacidad y otras en riesgo de exclusión que comercializan loterías ilegales, y que atentan contra la seguridad de los consumidores.