La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha incoado las oportunas diligencias de investigación penal en base a la denuncia presentada el 27 de marzo por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) por la exposición sufrida por los empleados públicos de la Junta de Comunidades al encontrarse en contacto con pacientes afectados por coronavirus sin contar con los equipos de protección adecuados, atestiguada por los numerosos contagios existentes en profesionales de ámbito sanitario ya en dicha fecha. Así se recoge en una nota de este sindicato emitida este viernes.
CSIF acudía al Ministerio Fiscal debido a situaciones en la que los trabajadores han carecido de equipos de protección individual (EPIs), o han sido inadecuados, y sin embargo se les ha instado a continuar desarrollando su labor con personas contagiadas por COVID-19, o con riesgo de infección, en centros dependientes de la Consejería de Sanidad, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), la Administración General de la Junta de Comunidades y la Consejería de Bienestar Social, así como en centros de asistencia sanitaria privada.
Con anterioridad, CSIF había requerido en numerosas ocasiones ante los organismos competentes la necesidad de provisión de EPIs, así como la realización de pruebas de diagnóstico a todos los profesionales. Sin embargo, ante el silencio por parte de la Administración el sindicato procedía a la vía judicial para estudiar las responsabilidades penales y civiles pertinentes.
Como prueba de la falta de medidas eficaces de prevención, CSIF contabilizó el pasado 27 de marzo al menos 642 profesionales de ámbito sanitario contagiados por coronavirus, además de 1.363 en situación de cuarentena.
Asimismo, CSIF solicitaba que las Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo informasen de los expedientes y actuaciones realizadas en relación las medidas de prevención adoptadas.
A nivel nacional, CSIF también ha presentado una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad por la gestión ante la pandemia de coronavirus.