CRÓNICA PERSONAL

Pilar Cernuda

Periodista y escritora. Analista política


Desobedientes

13/04/2020

Se han producido 650.000 denuncias a personas que no han cumplido las normas de confinamiento. El número de personas fallecidas se acerca a los 18.000, una cifra que acongoja y aunque el gobierno ha anunciado que la curva de fallecimientos está decreciendo, esas muertes pesan como losas en el ánimo.

El número tal alto de denuncias demuestra que los españoles somos poco dados a la obediencia. A favor de los que han roto el confinamiento, queda la excusa de que en encierro se convierte en insoportable cuando hay que compartirlo con menores en un espacio reducido, o con personas con enfermedades que se agravan cuando no hay forma de dar unos pasos o de respirar aire puro por unos minutos. Aun así, no se justifica que en una crisis tan grave como la que sufrimos, todavía haya un porcentaje alto de personas que simplemente por carácter, rebeldía o desidia no solo pone en peligro su vida sino también las de los demás.

Hay sin embargo un elemento a tener en cuenta: las indicaciones y contraindicaciones continuas de un gobierno que, se ha dicho hasta la saciedad, no está a la altura de las circunstancias. No se obligó a llevar mascarilla, luego se obligó, después se dijo que solo eran aconsejables, para finalmente volver a la obligatoriedad. Todo ello sin que acertaran en la compra, que hicieron tarde y mal. Esta periodista ha recibido un precioso regalo: cuatro mascarillas enviadas por una amiga murciana vía postal. Encargó a China antes del encierro varias decenas de miles de mascarillas, para sus trabajadores y para trabajadores de otras empresas de su sector en distintas regiones. Precio, 38 centavos en la dirección de destino. Hace pocos días pagué 11 euros en la farmacia. Porque soy clienta habitual y me había apuntado en una lista nada más empezar la crisis.

La peripecia de la compra por parte del Gobierno es conocida y provoca escándalo. Sánchez no ha respondido a ninguna de las preguntas que se le han hecho, pero el diario Voz Populi ofrece datos escalofriantes: la intermediaria del Gobierno es una persona española condenada por estafa. A nadie se le escapa que ese tipo de gente se mueve en el mercado internacional previo pago de comisiones. Se comprende por tanto que se vendan las mascarillas en farmacias a 11 euros.

Alguien tendría que dar explicaciones. Como habría que darlas ante la orden ministerial publicada la noche del domingo que cambia la norma en el sector de la construcción cuando faltaban menos de tres horas para que pudieran empezar a trabajar, o explicar qué va a pasar con los exámenes de los estudiantes, con las prestaciones anunciadas que no se acaban de concretar, con el famoso decreto del alquiler de viviendas privadas, y con tantas otras cuestiones sin aclarar.

Los ciudadanos que rompen el confinamiento mal, pero que el Gobierno transmita la idea de que no sabe qué hacer y hacia dónde va, peor.