La sombra de la crisis es alargada y eso se sigue notando en las inversiones y licitaciones de obras (ya sea obra nueva, rehabilitación o mantenimiento). La media de la contratación pública anual de la Junta es de 23 millones de euros, cogiendo los datos de 2015 a 2018. Es el tercer dato más reducido de todas las comunidades, pero es el más bajo si se compara con el PIB (es un 0,06%) y con el gasto medio por habitante, que se queda en 11 euros por castellano-manchego, cuando la media es de 37.

Los datos los recoge el último informe de Seopan, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras. El caso es que Castilla-La Mancha tiene inversiones prioritarias planificadas por la Administración regional por valor de 1.231 millones de euros. La mayor parte irán a carreteras y autovías, pues aparecen en el concepto de vías interurbanas, por 773 millones. Le siguen las inversiones en infraestructuras de medio ambiente (aquí entra tratamientos de residuos) por 356 millones y de agua por 102. Pero con el ritmo de licitación de media de los últimos cuatro años, se tardaría 85 años en finalizar estas inversiones prioritarias.

No se asusten porque algo parece que está mejorando ese ritmo de licitaciones. En 2018 todas las administraciones sumaron 197 millones de licitación en la región, lo que supone un 2% más que el año anterior, aunque es un 86% menos que hace una década, justo antes de empezar la crisis.

Ese dato al alza se consigue gracias a laJunta y las entidades locales. La J unta lo ha incrementado un 14% en un año (son 44 millones, el doble de la media desde 2015) y los ayuntamientos un 62% (alcanzan los 67 millones). Ahora bien el Estado redujo su inversión. Los 54 millones que destinó a Castilla-La Mancha son un 81% menos respecto al año anterior.