La normativa autonómica obliga a priorizar la adjudicación de vivienda pública a mujeres víctimas de la violencia de género. Y eso se reflejó el pasado año en cifras. La Junta de Comunidades adjudicó en 2018 un total de 24 viviendas a mujeres que han sufrido la violencia de género para que puedan vivir en un nuevo hogar con sus hijos.

El dato aparece reflejado en el Informe de Seguimiento del Plan Integral de Garantías Ciudadanas de 2018, que tiene las garantías habitacionales en una de sus tres patas. Se especifica que se adjudicaron 147 viviendas del parque público en 2018, de las cuales 105 son gestionadas por la Consejería de Fomento y otras 42 de la empresa pública Gicaman. En relación a las viviendas que se adjudicaron a víctimas de violencia de género, 11 fueron de Fomento y 13 de Gicaman.

El dato de vivienda adjudicadas en términos generales fue superior en 2017, alcanzado las 215. Sin embargo, fueron menos las que se adjudicaron a  víctimas de la violencia de género, pues fueron 21 en total. En conjunto, en los dos últimos años esta medida ha permitido ayudar a 45 mujeres que han sufrido la violencia machista.

Las viviendas que adjudica la Junta no cubren el número de solicitudes de recursos habitacionales que registran los ciudadanos. No lo hacen en términos generales, ni en 2017 cuando se adjudicaron 215 viviendas y había 3.814 solicitantes, ni en 2018 cuando se dieron menos viviendas (147) y eso que el número de solicitantes aumentó a 4.572. De esas 4.572 solicitudes de 2018, un total de 161 fueron de mujeres que han sufrido maltrato. Todavía queda, por tanto, necesidades por cubrir.

Según el último informe sobre violencia de género que ha remitido el Instituto de la Mujer a las Cortes, el referente a 2017, el número de denuncias ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ascendió ese año a 2.704.

Además la Junta prioriza otros colectivos. Por eso, en 2018 adjudicó cuatro viviendas a deudores hipotecarios desahuciados, una cifra algo más baja que en 2017, cuando fueron 12. Además la Consejería de Fomento adjudicó 66 viviendas a colectivos entre los figuran personas con discapacidad, familias numerosas, personas con dependientes a su cargo y familias en procesos de intervención social así como en exclusión social. En el caso de las viviendas de Gicaman se atendió a un joven y a dos familias en riesgo de exclusión social. El informe recoge que la Junta tiene convenios con entidades del Tercer Sector, como es el caso de Cáritas, que está gestionando viviendas públicas en Toledo.