Castilla-La Mancha pierde en un año 1.750 trabajadores

Redacción
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Castilla-La Mancha pierde en un año 1.750 trabajadores - Foto: Rueda Villaverde

El sindicato CSIF denuncia que no se ha logrado aun «recuperar el nivel de empleo previo a la crisis», especialmente en el ámbito municipal


El sindicato CSIF ha alertado que «Castilla-La Mancha perdió 1.759 trabajadores públicos en el primer semestre de 2018» de acuerdo a los datos del Boletín Estadístico al servicio de las Administraciones Públicas (BEPSAP) publicado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y que registra un total de 124.940 efectivos en la comunidad autónoma.
Según señala el sindicato en un comunicado, la región está lejos de alcanzar los niveles registrados en el segundo semestre de 2009 cuando Castilla-La Mancha contabilizó 140.927 trabajadores públicos, el máximo de la serie histórica que publica el BEPSAP.
En 2014 se tocó fondo. El número más bajo coincidió con los seis primeros meses del año de 2014 con 114.531 efectivos en la Función Pública. Para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la comunidad autonóma «todavía no ha logrado recuperar el nivel de empleo alcanzado con anterioridad a la crisis y de hecho el mal dato de 2018 es aún peor comparado con el primer semestre de 2017, ya que la destrucción de trabajo público se eleva a 10.724 personas».
«Queda demostrada una vez más la eventualidad que afecta a la Función Pública, con la contratación de personal dependiendo de campañas sanitarias, cursos académicos y necesidades puntuales de las diferentes administraciones», ha lamentado el sindicato.
Asimismo, la Central Sindical advierte «del envejecimiento de las plantillas, con jubilaciones que no son cubiertas y que merman el número de efectivos disponibles multiplicando las tareas a realizar y provocando un peor servicio público a la ciudadanía: está ocurriendo en las diferentes administraciones locales de la región, que acusan a su vez la externalización de servicios, y que perdieron en los primeros seis meses del año a 8.014 trabajadores». Además, también influye el impacto de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.
Esta situación, a juicio del sindicato, ha provocado que el personal al servicio de ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y organizaciones comarcales «ha caído a su mínimo histórico: 30.440 personas frente a las 47.940 registradas en el segundo semestre de 2009».