El senador por Albacete Ramón Rodríguez comparecía esta mañana en rueda de prensa junto al presidente del Partido Popular, Benjamín Prieto, para insistir en que la llamada Ley Celaá no es más que, simple y llanamente, “el pago económico e ideológico de Pedro Sánchez a independentistas y Podemos para seguir en el Gobierno de España”. Rodríguez, que forma parte de la Comisión de Educación en la Cámara Alta, destacaba la preocupación que ha generado esta nueva normativa, que se someterá a votación mañana jueves, entre los ciudadanos, ya que incluye cuestiones tan alarmantes como que “el español va a dejar de ser lengua vehicular, oficial en nuestro país o que los alumnos puedan pasar de curso aunque suspendan”.
Así, Ramón Rodríguez ha denunciado que los integrantes socialistas del Gobierno de España sólo busquen asegurarse y permanecer en sus ministerios, “saben que la crisis sanitaria, económica, social y política está provocando miedo, inseguridad, indignación, en definitiva hartura entre los españoles y ante la posibilidad de no agotar la legislatura, Sánchez es capaz de pactar y pagar lo que sea y a quien sea, en este caso Podemos e independentistas”, ha insistido.
Para poder atender a las demandas de sus socios, Pedro Sánchez acuerda con ellos la redacción de una ley sin contar con la comunidad educativa ni con la sociedad civil, “a Podemos le concede que el Estado controle la educación, lo que ataca directamente a la libertad de enseñanza, de elección de centro, a la concertada y a los independentistas la supresión del castellano y la elección de los inspectores de educación a dedo, sin oposición”, ha explicado el senador popular, “de todo esto, el PSOE tiene como objetivo mejorar las cifras de aprobados, sin importarle la formación de nuestros alumnos, y a apostar por la inclusión mal entendida, haciendo desaparecer los centros de educación especial de aquí a unos pocos años”.
“La LOMLOE es un ataque al diálogo y al consenso, al castellano como lengua oficial de nuestro país, a la convivencia entre españoles, y entre centros públicos y concertados y, también a la educación pública porque la despoja de la calidad, de valores como el esfuerzo y el mérito y atenta contra la profesionalidad de los profesores”, declaraba Ramón Rodríguez, quien también detallaba que ese ataque de la Ley Celaá se extiende “al servicio de inspección, a la libertad de enseñanza, de elección de formación religiosa, a las educaciones concertada y especial, a la pluralidad y a la igual de oportunidades”.
El senador ha afirmado, para concluir que “en definitiva lo que se va a conseguir es desmantelar la Educación de nuestro país a la vez que se va a desmantelar nuestro país con una Ley de Educación. Yo apelo no solo a la comunidad educativa y a la sociedad civil para que diga un no rotundo a esta Ley, porque lo que necesitamos es un pacto y no mercadear con la educación, utilizándola como moneda de cambio político” y adelantaba que el Partido Popular recurrirá esta normativa ante el Tribunal Constitucional, “porque entendemos que es necesario garantizar la educación de nuestros hijos”.