La Sala de lo Social del TSJ, la tercera más saturada

Josechu Guillamón
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El órgano recibió el pasado año cerca de 2.000 asuntos y ya contaba con más de 1.650 pendientes

Fotografía de un trabajador en las dependencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-LM) es la tercera más saturada de España, sólo por detrás de los TSJ de Andalucía y Madrid. Así lo asegura la nueva presidenta del órgano,  Luisa María Gómez Garrido, ya que los magistrados de la Sala reciben más asuntos de los fijados como  razonables por el Consejo General del Poder Judicial. «El CGPJ y el Ministerio de Justicia publicaron unos módulos en diciembre de 2018 y los magistrados de lo Social en Salas tenemos un módulo de entrada de 310 asuntos al año y actualmente estamos en 340. Sólo nos superan los magistrados de los TSJ de Andalucía y Madrid».
En el último año cerrado, 2018, la Sala recibió 1.966 asuntos. Aunque el trabajo de los magistrados que componen las dos secciones de la Sala trabajaron con rapidez, puesto que resolvieron 1.755 asuntos, el problema es que iniciaron el año con 1.657 asuntos pendientes, con lo que la pendencia aumentó y 2019 se inició con 1.868 asuntos pendientes.
Gómez Garrido afirma que esta situación es habitual, aunque tuvieron una ligera mejoría en la época de la crisis económica. «Antes de 2008 estábamos en 2.000 asuntos de entrada y 1.900 pendientes y ahora estamos igual, hubo una breve mejoría, porque bajó el número de asuntos de 2008 a 2014, todo motivado por la crisis. En esa época subieron mucho los asuntos en primera instancia, pero aquí bajaron. Esto se debe a que en lo Social para recurrir es obligatorio consignar la cantidad objeto de condena o avalarla. Con la crisis la liquidez desapareció y los bancos ni prestaban, ni financiaban, ni avalaban un duro, como no se podía consignar, ni avalar, la gente no recurría. Así nos pusimos al día». Por eso, la magistrada vaticina que en 2019 «las cifras serán iguales, el número de asuntos crecerá igual. Nuestro problema es estructural, no es coyuntural, son nuestros números habituales».  
La Sala de lo Social cuenta con seis magistrados titulares, a los que hay que sumar otra magistrada adscrita parcialmente desde la Sala Civil y Penal. «Hasta hace poco esa Sala tenía pocas competencias, casi ninguna, con lo que adscribían a los magistrados para que reforzaran otras salas. Ahora les crece el trabajo, porque hubo una reforma que les dio más competencias, como las apelaciones en jurados que les dan más trabajo». Por otra parte, la Sala tiene dos refuerzos que en algún momento han llegado a ser tres, que vienen una vez a la semana y que no suelen coincidir los tres en el tiempo. «Son todo refuerzos sin relevación de funciones, sin liberación», y resultan insuficientes.
Por ello resulta necesario que la plantilla sea ampliada en un magistrado. «El problema de que haya retrasos no está en nosotros. Nosotros somos muy rápidos resolviendo, el problema es que la Sala se ha quedado corta en cuanto a personal, le falta un magistrado titular, que lucharé para que sea nombrado».
Para conseguir el nuevo magistrado, Gómez Garrido recordará el elevado número de asuntos que reciben. «Nuestra Sala de lo Social es de las más saturadas de España y esa es una de las bazas que pienso hacer valer».
Aunque faltan magistrados, la presidenta asegura que cuentan con los funcionarios suficientes. «Desde mi punto de vista tenemos una plantilla suficiente de funcionarios, que además son buenos profesionales y trabajan ejemplarmente. El problema es que en la Sala de lo Social el 98% de nuestro trabajo es resolver recursos, que no tienen tramitación. Tenemos muy pocos asuntos (este año cinco), que sean demandas directas. El recurso no necesita tramitación, con lo que nuestra necesidad de funcionarios no es tan grande como la de otras Salas, como la Audiencia Provincial, que si tiene tramitación importante en Civil y Penal».
La acumulación de asuntos hace que tarden en quedar resueltos. «Somos muy rápidos resolviendo, el problema es que desde que entra el recurso, que son el 98% de nuestro trabajo, hasta que se señalan para que haya deliberaciones y adoptemos una decisión pasa un año o un año y dos meses, excepto para los asuntos urgentes, como despidos, derechos fundamentales o conflictos colectivos, que se resuelven según entran».