La pandemia de coronavirus y el consecuente parón redujo la incoación de procedimientos penales en la provincia pero, en términos globales, las cifras de criminalidad "se mantienen estables" respecto a años anteriores, expuso este viernes María Isabel Gómez, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Cuenca, durante la presentación de la Memoria Anual de 2020.

Durante los meses de confinamiento, con el estado de alarma y la suspensión de los plazos procesales -del 14 de marzo al 5 de junio- se han producido "unas cifras inferiores, que son el fiel reflejo del parón que sufrió la vida de los ciudadanos". La bajada en la incoación de delitos penales, de diligencias previas, es del 16,5%, constató Gómez, que avanzó a los medios que en total se incoaron 5.492 diligencias previas por las 6.585 del año anterior. No obstante, Cuenca "sigue siendo una de las provincias que tiene unas cifras de criminalidad menos elevadas".

Si no se incluyen los datos de la Fiscalía de Menores, en la provincia se formalizaron 708 escritos de acusación, se celebraron 1.107 juicios y 495 de ellos corresponden a los dos juzgados de lo penal de la provincia. "Son cifras que evidencia el parón en esos dos meses, pero el volumen de trabajo y la normalidad, en cuanto al desarrollo de los procedimientos penales no se ha visto alterada significativamente", recalcó.

Los niveles de pendencia, los procedimientos que aún no tienen resolución judicial, "tampoco fueron especialmente significativos. En 2019, en cuanto a procedimientos abreviados del Juzgado de lo Penal, se produjeron 818 y en 2020 hubo 887". Los datos, por tanto, "muestran una cierta estabilidad".

En otro tipo de delitos, caso de la criminalidad informática, "no se ha apreciado un incremento significativo". Tampoco hay movimientos reseñables en los delitos por conducir ebrio o sin licencia ni tampoco en los relacionados con los delitos al patrimonio.

En cuanto a la tenencia y tráfico de drogas, la fiscal jefe constató la tendencia al alza en los últimos años de plantaciones de marihuana. En ese sentido, recordó que en 2017 se aprehendió una plantación en Huélamo cuyos cuatro imputados han recurrido al Tribunal Supremo la sentencia condenatoria por delitos contra la salud pública de la Audiencia Provincial.

Asimismo, en lo que tiene que ver con los internamientos forzosos, por aislamientos domiciliarios de ciudadanos que no querían respetar la cuarentena o que querían un alta voluntaria, la incidencia fue mínima. Solo se tramitaron cuatro órdenes judiciales para limitar el derecho de la libertad de deambular libremente.

Tampoco hay modificaciones sustanciales en la evolución de la criminalidad de delitos contra el patrimonio y los delitos contra la libertad sexual "no registran cifras alarmantes, pero sigue produciéndose un importante volumen". El año pasado se iniciaron 61 recursos de apelación, que se tramitan en el Tribunal Superior de Justicia, de delitos contra la libertad e intimidad sexual, abusos y agresiones sexuales, y en el año anterior fueron 83.

Violencia de Género. Gómez recordó que la violencia de género es un sector en el que "hay un compromiso mayor" por parte de la Fiscalía. Durante 2020 se adoptaron 116 órdenes de protección. Y, en cuanto a la atención a víctimas, la Unidad de Víctimas del Ministerio de Justicia atendió a 419 víctimas, siete de ellas menores de edad.

Las sentencias absolutorias están vinculadas, en buena parte, al derecho de la víctima a no declarar contra su agresor, que en su mayor parte tiene un vínculo de parentesco. De 132 sentencias que se produjeron el pasado año por violencia de género, 37 fueron absolutorias y, de ellas, 36 se acogieron a la dispensa del derecho a no declarar. Además, en Cuenca no se ha incoado ningún expediente relacionado con agresiones por motivos homófobos, pero sí por delitos de odio -al menos dos- cometidos a través de las redes sociales.

Residencias. "Ha sido el reto más importante durante el pasado año", puesto que la situación obligó a articular medidas organizativas para mantener la prestación del servicio público durante el Decreto del estado de alarma. En todo ese tiempo hubo presencia de personal de la Fiscalía para atender las cuestiones ocurridas.

El bloque más importante del Ministerio Fiscal durante la pandemia, sobre todo en la primera ola, fue "la supervisión y control de las residencias de mayores". En ese sentido, desveló que se efectuaron seguimientos en 59 centros -41 residencias, 10 viviendas tutelares y 8 centros ocupacionales públicos y privados-. La Fiscalía, sobre todo durante las primeras olas, realizó inspecciones telemáticas y mantuvo un permanente canal de información con los directores de los centros residenciales, garantizando el derecho de las personas más vulnerables, mayores y discapacitados.

En dos de los centros se iniciaron diligencias de investigación penal, por la denuncia de familiares en uno de los casos y porque se detectó una cifra de mortalidad elevada, y la Fiscalía Provincial examinó si en alguno de los centros "hubo alguna imprudencia en la gestión y se llegó a la conclusión de que no".

Olivia Lozano, fiscal delegada de la sección civil, de discapacidades y mayores, añadió que se instruyó una única diligencia para investigar la situación de las residencias durante las primeras olas de la pandemia y se abrieron dos procedimientos penales por dos fallecimientos en residencias que se han archivado y otros dos por falta de medios a los trabajadores de las residencias que se archivaron. Uno adicional se incoó por la intervención del Sescam de la residencia de Villamayor de Santiago y también está archivada.