La Junta de Comunidades acaba de sacar a información pública el borrador de la futura Ley LGTBI de Castilla-La Mancha. Un texto que prevé la creación de una unidad especializada de atención multidisciplinar a personas trans dentro del Sescam, «con la colaboración activa de las entidades que trabajan por la defensa de los derechos» de este colectivo. Se toma así el modelo ya adoptado por comunidades como País Vasco o Canarias.

El Servicio de Salud regional cubrirá los tratamientos hormonales y cirugías necesarios para llevar a buen puerto el cambio de sexo, incluyendo tanto las operaciones genitales como las de tórax y las faciales, así como las prótesis no quirúrgicas que las personas trans pudieran necesitar en su proceso de tránsito y los tratamientos (quirúrgicos y no quirúrgicos) para modular el tono y el timbre de su voz. Además, se les ofrecerá la posibilidad de congelar su tejido gonadal y sus células reproductivas.

Sin examen psicológico previo. Y aunque se dará acompañamiento psicológico y sexológico a los usuarios y familiares que lo soliciten, en ningún caso se condicionará la prestación de esta asistencia sanitaria a un examen psiquiátrico previo.

Se cumple así una demanda del colectivo trans: sacar sus tratamientos de las consultas de psiquiatría. La puerta de entrada a estos servicios será la consulta de Atención Primaria o la del servicio de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva.

Además, se prohibe expresamente «el uso de terapias aversivas y de cualquier otro procedimiento que suponga un intento de anulación de la personalidad o voluntad de la persona transexual, así como cualquier otra vejación, trato discriminatorio, humillante o que atente contra su dignidad personal». Como se insiste en este borrador, «la atención sanitaria se basará en una visión despatologizadora, es decir, en la consideración de que la transexualidad no es una enfermedad, un trastorno o una anomalía, sino que forma parte de la diversidad humana».

Menores trans. En el caso de los menores trans, esta ley también les reconocerá el derecho a recibir un tratamiento provisional para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad y de un tratamiento hormonal cruzado según vayan creciendo, a fin de propiciar el desarrollo de lo caracteres sexuales secundarios deseados. Eso sí, la elección del tratamiento primará siempre el criterio sanitario.

Para recibir este tratamiento hormonal los menores de 16 años no emancipados deberán contar con la aprobación de sus padres o tutores. En caso de que estos se nieguen, este borrador apela a la posibilidad de presentar un recurso judicial contra ellos. En todo caso, «se atenderá al criterio del interés superior de la niñez frente a cualquier otro interés legítimo».

Con todo, este borrador considera «situación de riesgo» la negativa a respetar la orientación sexual, la expresión de género, el desarrollo sexual o la identidad de género de los menores de edad. Y, llegado el caso, se prevé la implantación de un sistema de acogimiento temporal de personas LGTBI en situación de especial vulnerabilidad o de exclusión.

En otro orden de cosas, este borrador también garantiza el derecho de las mujeres lesbianas y bisexuales a acceder a las técnicas de reproducción asistida.

La Junta se personará como acusación popular contra los delitos de odio

El borrador de esta ley LGTBI pone el acento en la prevención de la violencia. En este sentido, este texto permitirá a la Junta personarse con acuasión popular en delitos de odio por razón de orientación sexual, desarrollo sexual, identidad de género y expresión de género o pertenencia a familias LGTBI, tal y como ya se hace en los casos de violencia machista.

Este texto incluye también un amplio régimen sancionador contra conductas violenta u homófobas, con multas pueden alcanzar los 60.000 euros.

Y prevé la creación en un plazo máximo de dos años de un Servicio de Atención Integral para atender a las personas LGTBI que sufran, hayan sufrido o estén en riesgo de sufrir discriminación o violencia.

Medidas concretas para evitar el ‘sexilio’

Este borrador de ley también recoge  «la percepción social sobre la existencia de una brecha entre las grandes ciudades y el mundo rural en cuanto a la posibilidad de ser, sentir y amar de forma diferente». Como se advierte en su exposición de motivos, « en poblaciones rurales, el coste social de quedarse fuera de la normalidad impuesta en lo referente a identidades, familias y deseo es mayor».

A esta percepción responden fenómenos como el ‘sexilio’, que supone el abandono del lugar de origen por acciones discriminatorias por motivos de orientación  u identidad sexual. Es por ello que  el carácter rural de la región debe ser tenido en cuenta en cualquiera de los proyectos, programas o acciones que se desarrollen.