El Gobierno regional trabaja en su estrategia de lucha contra la despoblación mirando a Madrid. El vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, avanzó que están siguiendo las directrices que ha marcado el Gobierno de España, agrupando en tres grandes bloques la actuación: los servicios públicos, las infraestructuras (pensando sobre todo en nuevas tecnologías) y la actividad económica y el empleo.
Guijarro apuntó además que hay determinados ámbitos en los que es necesario que la «reflexión» se haga en el ámbito nacional, como en el planteamiento de hacer una fiscalidad que ayude a las empresas y emprendedores que se instalan en zonas pocas pobladas. Aunque insistió que estas medidas fiscales son «más de ámbito nacional», el vicepresidente avanzó que desde la Junta estudiarán qué incentivos pueden poner dentro del margen autonómico. «Aquí también haremos una reflexión», expuso a la vez que indicaba que alguna medida se podrá hacer dentro de las competencias que tiene la Junta en materia tributaria.
El vicepresidente de la Junta hizo estas declaraciones tras reunirse con la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, Agustina García Élez, para concretar la participación de las entidades locales en el pacto. Guijarro añadió que también depende del Gobierno regional otra de las claves en la lucha contra la despoblación:la financiación. Y no solo se refirió a la financiación que necesitan las comunidades autónomas para prestar servicios en estas zonas, sino a la que requieren los propios ayuntamientos.
Explicó que hay muchos pueblos pequeños que no tienen capacidad financiera, porque los recursos los reciben por las personas que están empadronadas, pero luego al llegar el verano o ciertos períodos vacaciones aumenta mucho su población y esa población exige unos servicios que a los municipios les cuesta pagar.
García Élez lo corroboró. «Al final el vecino no entiende de competencias, pero sí de que le cubran sus necesidades», expuso, «necesitamos medidas de la Administración regional y estatal que nos garanticen cubrir esas necesidades».
La presidenta de la FEMP confirmó que desde el Gobierno regional les han facilitado un borrador del pacto contra la despoblación para estudiarlo y presentar alegaciones al texto. «Esto no va a parar», señaló, «necesitamos una estrategia conjunta para todas las administraciones».
El pacto, en febrero. Guijarro expuso que, en cuanto tengan todas las alegaciones, el Gobierno regional revisará el pacto y lo terminará de definir para que se pueda firmar este mes de febrero. Recordó que el pacto contra la despoblación figuraba entre las medidas que se consensuaron con los sindicatos y los empresarios en el pacto que firmó el Gobierno con los agentes sociales para inicio de legislatura. Pero en este caso, además de contar con patronal y sindicatos, participarán activamente los grupos de desarrollo local y las entidades locales y provinciales a través de la FEMP.
Guijarro explicó que, una vez firmado el pacto en febrero, se iniciarán las mesas de trabajo por áreas para elaborar una estrategia que se coordine con la del Gobierno de España y también avanzó que se elaborará una ley específica, con la intención que se pueda aprobar este mismo año.
Dejó claro que la intención del Gobierno regional es conseguir «el mayor respaldo» tanto para la estrategia como para la ley. De hecho, comentó que la despoblación es una de las cuestiones sobre las que están hablando con otros partidos como PPy Ciudadanos. Además, expuso que a través de organismos como la FEMP habrá representantes de otros partidos para trabajar en el diseño de esta estrategia.
Cree que es clave que haya consenso porque «son medidas a medio y largo plazo, que van más allá de una y dos legislaturas». Señaló que son acciones pensadas para «mantener, sea cual sea el signo político del Gobierno, del ayuntamiento y la diputación».