El 21 de junio arrancó en España aquello que los políticos llamaron nueva normalidad. Después de más de tres meses bajo el estado de alarma, el país amanecía en una realidad casi desconocida. La etapa debía durar hasta septiembre cuando, entonces sí, la vida se asemejaría a la que todos los ciudadanos recordaban. Siempre se incluía, es verdad, la coletilla «si todo va bien». Quizá para que nadie olvidase la tragedia vivida que se había dejado en el camino más de 28.000 vidas según el Gobierno. Una cifra que otras estadísticas también oficiales suben hasta rozar los 50.000 fallecidos.
Pero arranca agosto y la situación no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado. Los rebrotes se suceden sin solución de continuidad por todo el territorio nacional. No hay una solo comunidad sin un nuevo foco y los nuevos contagios superaban esta semana el millar, algo que no ocurría desde mayo.
Las autonomías, mientras, tratan de achicar el agua para evitar que el barco de la desescalada se hunda del todo. Con el mando único cedido por el Ejecutivo central tras el estado de alarma, los Gabinetes regionales aprueban limitaciones y restricciones, centradas especialmente en el ocio nocturno, el aforo de las reuniones y la movilidad. Sin olvidar, claro, la ya obligatoria, salvo en Canarias, mascarilla, convertida en el enser más utilizado del verano, por delante de gafas de sol o ropa de baño.
Intentando lidiar con las medidas de seguridad y las restricciones el turismo busca una bocanada de aire para salvar la campaña, aunque son muchos los países que recomiendan a sus ciudadanos no aparecer por una España que no vislumbra la salida a una crisis sanitaria que parecía casi superada. Y a la vuelta de la esquina, más allá de ser agoreros, espera otra que puede ser peor, la económica, que Europa ha intentado paliar. Y todo esto antes de que llegue agosto. Aún le queda a 2020 para seguir sorprendiendo.
Las claves
El turismo da por perdido el año
El turismo es el sector más perjudicado por la crisis con una repercusión de 13% del PIB y 2,3 millones del empleos en el país. El cese de actividad durante la pandemia y los nuevos rebrotes y las limitaciones realizadas por países como el Reino Unido, Francia o Alemania han provocado que la CEOE haya lanzado una alerta de «emergencia» en la que urge las ayudas necesarias para evitar los más de 80.000 millones que calcula que dejará de ingresar este año.
Los nuevos focos se disparan
Desde que acabó el estado de alarma, España ha sufrido más de 360 nuevos focos de coronavirus y, en este tiempo, todas las comunidades han notificado rebrotes con, al menos, 4.100 casos. La mayoría de estos positivos mayoritarios están relacionados con el ocio nocturno -lo que ha descendido notablemente la edad media de los contagiados- o con las reuniones familiares, aunque también preocupan, sobre todo en los últimos días, los rebrotes en las residencias de ancianos.
Un millón de parados más
La encuesta de población activa (EPA), que recoge los datos de los meses del estado de alarma, revela que España tiene 55.000 parados más y más de un millón de empleos destruidos, su mayor retroceso de la serie histórica, y sin contar los más de 1,5 millones de trabajadores en ERTE. Así, al finalizar junio, la cifra total de desempleados se situó en 3.368.000 y el número de ocupados bajó hasta las 18.607.200 personas, el menor dato desde el primer trimestre de 2017.
Toda España con mascarilla
Salvo Canarias, todas las comunidades autónomas han convertido en obligatorio el uso de las mascarillas en cualquier espacio e independientemente de que se pueda guardar el metro y medio de distanciamiento social. Normas, además, que llevan aparejadas multas para aquellos que no las respeten. También las limitaciones en el ocio nocturno y en el aforo de las reuniones se han extendido por el país aprobadas por unos Gabinetes regionales que buscan frenar los rebrotes.
140.000 millones de Europa
El acuerdo alcanzado en Bruselas establece que España recibirá unos 140.000 millones de euros del fondo de recuperación europeo. De ellos, 72.700 millones se otorgarán en ayudas directas y el resto en créditos, lo que supone el 11,2% del PIB nacional de 2019. La Unión Europea requiere al Gobierno presentar planes concretos de inversiones y reformas como prerrequisito para desbloquear las ayudas, lo que supondrán duros ajustes para la sociedad con subidas de impuestos.