El proceso para ultimar los Gobiernos de coalición de PP y Ciudadanos a nivel local y autonómico se ha visto alterado por un nuevo órdago de Vox, un documento para pactar con medidas que pueden resultar inasumibles y que trastoca la estrategia de ambos partidos.
Entre ellas, las de la deportación de los inmigrantes en situación ilegal, la repatriación de los menas y derogar ciertos artículos de las leyes LGTBI o las normativas autonómicas relativas a la Ley de memoria histórica.
Desde Génova se muestran convencidos de que, finalmente, habrá acuerdo con Vox para apoyar los Ejecutivos de la Comunidad de Madrid y Murcia, y creen que se trata de un movimiento negociador por parte del partido que preside Santiago Abascal, similar al que hizo en Andalucía, y acabará rebajando sus exigencias.
Tras dar Vox por roto el pasado martes el pacto municipal con el PP y amagar con pasar a la oposición en Madrid y en otras localidades como Zaragoza, las relaciones entre ambos bloques no se han interrumpido, pero el hecho de que los de Abascal hayan tensado la cuerda al presentar un documento para pactar en el que exige la firma de Ciudadanos, sí altera la estrategia de pactos del partido de Albert Rivera, hasta el punto de que se está planteando pasar al plan B y buscar los acuerdos con los socialistas. Por ejemplo, en la Región de Murcia, donde a pesar de tener ya cerrado una alianza con el PP, baraja negociar un Ejecutivo con el PSOE si no consigue que el pacto con los populares logre el respaldo indirecto de los de Abascal.
Lo que sí tienen claro en el grupo naranja es que no van a repetir las elecciones en Murcia, un escenario que en la Comunidad de Madrid no descartan. Porque también en esta región los requisitos de última hora de Vox han dejado en el aire la posibilidad de que llegue a buen puerto un Gobierno de coalición PP-Cs. Ignacio Aguado, el candidato naranja, tampoco está dispuesto a asumir las condiciones que considera regresivas de Vox sobre el colectivo LGTBi o de los inmigrantes, pero aún insiste en dar prioridad al PP. Lo cierto es que el papel de los populares como negociadores se complica, ya que sus socios le presiona.
Génova, que puede que apueste por Cayetana Álvarez de Toledo por la Portavocía del Congreso, confía en que la formación de derechas no lleve su pulso hasta las últimas consecuencias porque les sería muy difícil justificarlo ante los votantes.