Septiembre es un mes propicio para iniciar nuevos proyectos y para que el mundo empresarial prepare el último sprint del año para que el cuarto trimestre corrija el balance económico si el año ha sido difícil y, en caso contrario, conseguir un despegue que consolide el ejercicio.

Este año no es como los últimos pasados, aunque en España las crisis no son ajenas y las empresas saben lo duro que es afrontar dificultades como las que han vivido los dos últimos trimestres. El tsunami que ha representando el coronavirus ha sido tremendo para los resultados de los tres primeros trimestres. Desde la banca, al comercio, el turismo, la industria o los servicios.

Aún no es posible evaluar el coste económico total de la pandemia y los planes de recuperación van a depender de las medidas que tomen los gobiernos y de la capacidad de resistencia de empresas públicas y privadas y, especialmente en España, de los autónomos, que son el colectivo más afectado y en el que han desaparecido ya más de 300.000 negocios.

La reconstrucción de la economía es la tarea más importante que se presenta por delante para el Gobierno, las empresas y los trabajadores. Se trata de una crisis de gran calado que ya venía anticipándose en los últimos años por una situación de dificultades anterior y que, con la pandemia, se ha agravado en mayor medida y ha terminado de saltar por los aires.

Así, por ejemplo, el cierre de la fábrica de Nissan en Barcelona o la crisis de la planta gallega de la multinacional del aluminio, Alcoa, no están relacionados con la COVID-19. En este sentido, hay un problema de mayor alcance, ya que el sector del automóvil español, que llegó a posicionarse como uno de los líderes mundiales ha ido perdiendo capacidad de crecimiento, quizás porque el punto más frágil de este sector sea el hecho de que España no cuenta con ninguna marca propia entre las 17 plantas que funcionan en el país que son todas filiales de multinacionales extranjeras. 

Lo de la factoría de aluminio de Alcoa viene también de un tiempo atrás, cuando esta industria empezó a ofrecer síntomas claros de baja capacidad competitiva debido al elevado coste de la electricidad en España, un asunto que el Ejecutivo no ha logrado aún resolver.

En este sentido, el descenso en la producción y el consumo va a tener impacto similar al de la recesión anterior, solo que esta vez en un tiempo mucho menor, en el número de puestos de trabajo, en los ingresos de las familias y en la capacidad de recuperación económica tanto de España, como de Europa como en a nivel internacional, lo que va a elevar la tasa de competitividad. 

Ante el objetivo de recuperar la actividad económica con la mayor prontitud para evitar que el desastre sea aún mayor, las propuestas que se deben plantear han de girar, en primer lugar, en torno a la liquidez de empresas y trabajadores. 

Las medidas fiscales que proponen los economistas deben alejarse de la subida tributaria y han de consistir en la rebaja en algunas tasas y la moratoria en el pago de ciertos impuestos, con apertura de líneas de crédito con respaldo estatal para evitar la quiebra del tejido productivo y la destrucción de miles de puestos de trabajo.

Ayudas

En esta coyuntura, es preciso sacar el máximo partido a los recursos que ha puesto el Banco Central Europeo que ha lanzado un plan de compra de 750.000 millones de euros en activos públicos y privados.

Se trata de crear estrategias de estímulo a la economía que lleguen a las empresas y también a las clases sociales que han visto como sus ingresos se han perdido, primero con el cese de la actividad durante el confinamiento y, en consecuencia, con la caída del 18,5% del PIB en el segundo trimestre. 

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado importantes planes de rescate para sectores estratégicos como el turismo con un paquete de 28 medidas que acumularán 4.262 millones de euros para promover el relanzamiento de las corporaciones hoteleras y sacarlo de la parálisis actual.

Asimismo, ha dado el visto bueno a una inyección económica de 3.750 millones de euros públicos para la automoción, y de entre 1.500 y 1.800 millones de euros para las compañías aéreas.

El plan más ambicioso que ha planteado el Ejecutivo ha sido la línea de avales del ICO para apoyar la liquidez de pymes, autónomos y empresas en dificultades, dotada con 100.000 millones de euros, recogida en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19.

El Ministerio de Asuntos Económicos considera que el éxito de la línea de financiación es «innegable» y de ahí que considere conveniente ampliar el plazo de solicitud de los avales desde el 30 de septiembre hasta el 1 de diciembre.

En el plano laboral, la aprobación de los ERTE han demostrado ser una herramienta muy eficaz para sostener el empleo y por eso la ministra de Trabajo se ha mostrado partidaria de ampliarlos más allá del 30 de septiembre y de ahí que ya hable de abril del próximo año para que las actividades más afectadas puedan remontar y seguir con sus negocios.