El presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Alejandro Ruiz, ha anunciado que su grupo seguirá registrando en las Cortes regionales iniciativas para que, de una vez por todas, se ponga solución al problema de la precariedad laboral que afecta a miles de familias en nuestra región y que ni el PP ni el PSOE se han molestado en resolver cuando han gobernado. «Nos hemos visto obligados a hacerlo porque el Portal de Transparencia de Castilla-La Mancha, como en tantas otras cosas, no ofrece información al respecto», ha denunciado.
Ruiz ha explicado durante la reunión mantenida con varios representantes de la Agrupación Nacional de Trabajadores Temporales Públicos (TTPs), que desde Ciudadanos se está denunciando esta situación en todas las instancias, tanto en el Parlamento Europeo como en el Congreso de los Diputados, «y ahora lo haremos, una vez más, también en las Cortes de Castilla-La Mancha».
«Las Administraciones Públicas deben ser garantía de una buena gestión que evite el despilfarro de dinero público y la aparición de comportamientos inadecuados en los servicios públicos», ha señalado el presidente del Grupo Ciudadanos. Porque para la formación liberal desde hace años, en la Administración Pública española, incluida la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, «se están generando situaciones injustas que nacen de un claro abuso de la temporalidad en el empleo público».
Durante la reunión telemática con la TTPs, Ruiz ha mantenido que «se está produciendo un fraude constante e impune en la renovación de contrataciones y nombramientos de empleados públicos bajo la falsa excusa de las necesidades temporales», un hecho, ha matizado, «especialmente sangrante en el caso de la temporalidad en la sanidad y en la educación», dos de los pilares del estado del bienestar, y en los que se condena a sus servidores públicos a una eterna situación de temporalidad y de precariedad laboral que acaba repercutiendo en la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía.
Desde la formación de centro han señalado que esta situación, que se viene tolerando en España desde hace más de 15 años, ha sido condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en varias resoluciones «y no es ajena a la gestión de los recursos humanos que hace el Gobierno socialista en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha».