Vidal Maté

Periodista especializado en información agraria


PAC 2020, tierras más vigiladas

El pasado 1 de febrero se abrió el plazo para la presentación de las solicitudes de las ayudas correspondientes a la Política Agrícola Común de 2020, pero que se prolongará hasta el próximo 30 de abril. Igualmente ya se pueden presentar las peticiones correspondientes al pago por las medidas de desarrollo rural incluidas en el sistema integrado de gestión y control, básicamente subvenciones por superficie y ayudas ganaderas; la comunicación de cesión de derechos, y la solicitud de poderes para la Reserva Nacional de Pago Básico orientada especialmente para la incorporación de jóvenes a la actividad y de otras personas que tengan una formación y capacitación adecuada. Se trata de una solicitud única que todo peticionario debe acompañar con la denominada «declaración gráfica» disponible con el acceso al SIGPAC.
La petición de las ayudas directa de la PAC, se estima que la pueden presentar casi 700.000 productores cuyo importe se acerca a los 5.000 millones de euros, que se comenzarán a abonar en un primer pago a partir del 16 de octubre y el segundo desde primeros de diciembre.
Las ayudas para las que se ha abierto el plazo de solicitud afecta al pago básico, al verde o acciones beneficiosas para el medio ambiente y el cambio climático; a los complementos para los jóvenes agricultores y al régimen de los profesionales cuando los cantidades abonadas no superan los 1.250 euros; al pago específico para el algodón; y a la prima asociada en el arroz, cultivos proteicos, frutos secos, legumbres, remolacha, tomate industrial, vaca nodrizas, vacuno de cebo y de leche, ovino y caprino.
Una de las primeras notas a destacar en positivo de cara a la PAC 2020, es que mantiene los mismos niveles de financiación que en la campaña anterior. Hay continuidad en los fondos, lejos de las perspectivas negativas que se manejan en medios comunitarios donde la Comisión contempla reducir los recursos, tanto para la política agrícola, como para estructuras si los países miembros no deciden aumentar sus aportaciones para compensar el desajuste de unos 10.000 millones provocado por la salida del Reino Unido, y la decisión de Bruselas de destinar más fondos a otras actividades como el empleo, las fronteras o la defensa.
justificar los pagos. Una segunda modificación destacable es la intensificación de los mecanismos de control sobre la actividad del agricultor activo, ya se trate de persona física o jurídica donde se halla la lista negra de posibles solicitantes de tierras de los aeropuertos, terrenos del ferrocarril, campos de golf y otro tipo de instalaciones deportivas, terrenos de inmobiliarias, etc. En el caso de un agricultor como solicitante debe justificar que, al menos, el 20% de sus ingresos agrarios totales son distintos de los pagos directos de la PAC. Es decir, que, al menos, vende alguna producción en los mercados. Si se trata de personas jurídicas, deberán demostrar que sus ingresos agrarios distintos de los pagos directos sean el 20% o más de sus ingresos agrarios totales en el ejercicio. Estas condiciones y definiciones se modificarán en la futura reforma cuando se aclare la figura de agricultor genuino donde es previsible que aumenten las exigencias para dar las subvenciones a quienes, además de asumir los riesgos de la actividad, tengan en la misma su forma fundamental de vida.
La nueva disposición introduce algunas mejoras para favorecer el acceso de los jóvenes a la actividad, así como para acceder a los derechos de la Reserva del Pago Básico y para percibir la ayuda complementaria. En el caso de su incorporación y para el acceso a las ayudas se podía considerar la primera vez que ejerció legalmente la actividad habiendo estado dado de alta en la Seguridad Social, exigencia que se mantiene para el momento de su incorporación.
requisitos. En la actual solicitud de las ayudas para los pagos directos de la PAC, el peticionario acreditará en una declaración responsable si ejerce o no alguna de las actividades de esa lista negra excluidas de las ayudas o si tiene alguna relación con las mismas. Deberá señalar para cada recinto o parcela el cultivo o aprovechamiento que vaya a realizar o, si se trata solo de labores de mantenimiento donde se hallan tales como las de alzar gradear, segar, limpieza de vegetación... El peticionario también debe tener en su poder justificantes de las tareas que haya llevado a cabo en el caso de que se les requieran, exponiéndose a penalizaciones si sus actividades son ficticias, que pueden suponer la pérdida de las ayudas de la campaña y de las percibidas en años anteriores. 
Una parcela que durante tres años se haya declarado como de barbecho ya se considera inicialmente como superficie de riesgos efectos de intensificar los controles. Si la misma permanece en ese estado durante cinco años, ya se deja de considerar como superficie admisible salvo que el solicitante demuestre que ha realizado labores con normalidad.
Finalmente, otra novedad es el aumento de los controles por monitorización vía satélite que tiene básicamente un fin preventivo. Los mismos se basan en la verificación periódica y continuada para ver si hay compatibilidad entre la actividad declarada por el agricultor y la que se observa en las series de imagen. Su objetivo ya no está en medir la superficie por la que se piden las ayudas, sino controlar si efectivamente donde se decía que había un cereal, existía ese cultivo. El sistema supone dar un vuelco a la situación anterior donde solo existía el compromiso de supervisar un 5% de las superficies afectadas por los pagos directos y el 1% de las tierras con prácticas medioambientales.
Estos controles son voluntarios en cada país y España está siendo pionera en su aplicación en el marco comunitario. En 2019, ya se llevó a cabo con éxito en nueve comunidades y, en este ejercicio, el objetivo es aplicarlo en zonas de 15. Para otros controles agrícola como las emisiones de amoniaco, se mantienen los mecanismos actuales sobre el terreno.
Con este sistema de monitorización se logra una información más rápida y veraz para analizar la veracidad de las solicitudes. Ello va a permitir que, en caso de detectarse irregularidades, se puedan comunicar muy rápidamente a los afectados para que puedan modificar sus datos en la declaración sin penalizaciones hasta el 31 de agosto. 



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