La responsable regional de Estrategias para el Conflicto de IU, Olga Ávalos calificó de «desastre» la reforma del bono social de la luz. La formación política rechazó la imagen que pretende vender el Ejecutivo regional sobre los beneficios de la nueva normativa, en vigor desde el 1 de enero de 2019, y recordó que miles de personas han perdido el derecho de uso de una herramienta que reducía el precio de la energía en el ámbito del hogar. Ávalos censuró que «nos vuelvan a vender que el bono social tiene como objetivo los más vulnerables».

Durante su intervención, Ávalos se refirió a que «los requisitos para el nuevo bono son muy restrictivos». Según los datos que maneja la portavoz del partido, los principales perjudicados  son «los hogares monoparentales, especialmente aquellos sostenidos por una mujer con hijos a su cargo». La normativa vigente se adapta al criterio de la renta e incluye a todas las familias numerosas, pero deja fuera a todos aquellos que se beneficiaban del anterior por tener contratadas en sus viviendas potencias de 3 kW o inferiores, un grupo que en la región está formado mayoritariamente por mujeres. 

IU cifró en 63 millones de euros la partida que se necesitaría destinar desde los Presupuestos regionales en favor de la renta mínima de inserción «para estar en la media española» y paliar la pobreza energética en la región. Este gasto supondría un incremento del 31% en las partidas dedicadas a las políticas sociales.

Ávalos planteó «cambios reales en el modelo energético» en favor de la «vida digna» de los ciudadanos en situación de pobreza o provación severa.