COLABORACIÓN

Fernando Lussón

Periodista


Acuerdo en el fondo, discrepancias en la forma

Es muy posible que la palabra que más repitiera el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez durante el primer debate televisado de la pasada campaña electoral fuera desigualdad, mientras que Albert Rivera se dirigía permanentemente a los autónomos como si no hubiera otras categorías laborales. Pero a él y a Pablo Casado, sobre todo les interesaba que no hubiera subida de impuestos.

Según los tuits emitidos con motivo del Día del Trabajador, la mayor preocupación de todos ellos es lograr “seguir avanzando en la creación de empleo de calidad, por trabajos dignos y salarios justos” (Sánchez), “poner en marcha medidas para reactivar el empleo, y para autónomos y emprendedores" (Casado), o que “urge aprobar un nuevo modelo laboral que garantice empleos dignos, estables y de calidad" (Rivera). Pablo Iglesias, que fue el único líder que estuvo sobre el terreno en el Día del Trabajador, compartiendo experiencias con el comité de empresa de Amazon, manifestó que “se necesita un Gobierno que defienda a sus trabajadores y que invite a las grandes multinacionales a hacer negocios aquí cumpliendo con la Constitución y respetando los derechos de los trabajadores y pagando los impuestos en España".

A tenor de sus declaraciones -aunque sea por el menguado método de Twitter- todos tienen las mismas preocupaciones, la necesidad de que se acabe con la temporalidad innecesaria, que los salarios acaben con los trabajadores pobres y que se reduzca la temporalidad. Con esos mimbres habría más que suficiente para intentar un pacto de Estado que de verdad acabara con la precariedad, introdujera mayor equidad en las relaciones laborales y quitara impedimentos burocráticos a los autónomos.

Pero ahí se acaban las coincidencias teóricas porque a la hora de llevarlas a la práctica los modelos económicos de cada partido son bien distintos y unos dudan en derogar la reforma laboral del PP, otros abogan por un contrato único que provocaría una degradación del mercado laboral, y otros apuestan por liberalizar aún más las relaciones laborales con la coartada de que es la forma de hacer frente a la recesión que se avecina, a pesar de que la economía española, al menos durante el primer trimestre se acelera, y en algo mejoran la retribuciones de los trabajadores, aunque todavía se esta muy lejos de salvar las distintas brechas salariales existentes. Y a todos les recuerda el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que la Constitución habla de la función social de la economía, y todos se olvidan.

Sin que terminara el recuento oficial, los órganos de distintas patronales ya intentaban marcar el rumbo del próximo Ejecutivo, al expresar su deseo sobre como tenía que configurarse, -coalición con Ciudadanos, primero; en solitario, después- y con advertencias sobre las consecuencias de una subida de impuestos, a pesar de que la realidad incontestable es que la presión fiscal en España está ocho puntos por debajo de la media europea, y que mantuvieron un clamoroso silencio cuando la tres derechas planteaban una rebaja de impuestos que pueden poner en riesgo el Estado de bienestar. En contraposición, CCOO y UGT piden que no se desperdicie la oportunidad para formar un gobierno claramente de izquierdas para hacer frente a los retos laborales. Al menos esa es una de las lecturas posibles de los resultados electorales.