COLABORACIÓN

Fernando Lussón

Periodista


Puigdemont gana y pierde

Cuando la fiscalía decidió ponerse en contra de la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) que había atendido el recurso presentado por el PP y Ciudadanos contra la presencia en la lista de Lliures por Europa del expresidente de la Generaliat, Carles Puigddemont, y los exconsejeros Toni Comín y Claara Ponsatí, que ocupan los puestos primero, segundo y tercero de la candidatura, parecía que una vez más el Gobierno utilizaba los medios de la Justicia sobre los que tiene ascendiente para facilitar los intereses de los independentistas catalanes de los que puede depender para lograr la investidura, como primer paso para la formación de gobierno.

Sin embargo, en la JEC ya se había producido un intenso debate que concluyó con la decisión de prohibir la comparecencia electoral de los tres fugados pero con el voto en contra del presidente, el vicepresidente y otros dos vocales.  

La defensa de los independentistas presentó un recurso sui generis ante todas las jurisdicciones que consideró oportunas, la JEC, el Tribunal Supremo y los juzgados ordinarios de lo contencioso administrativo de Madrid, lo que les valió la reprimenda del Supremo, lo mismo que a los juzgados de primera instancia que se inhibieron en favor del órgano superior, que a su vez les devolvió la patata caliente pero con la advertencia de que no encontraba causa de inelegibilidad por el hecho de que estuvieran fugados de la Justicia y los otros condicionantes de la ley electoral. 

Los tres juzgados de Madrid con más o menos retranca han seguido las instrucciones del Supremo y han emitido autos a favor de las tesis de los independentistas, que han celebrado la decisión mientras que el PP ha anunciado recurso ante el Tribunal Constitucional. La secuencia de los hechos demuestra que los jueces son absolutamente independientes del Gobierno y que la fiscalía realizó bien su trabajo puesto que han acabado dando la razón al ministerio público. 

A pesar de que hayan mostrado su satisfacción por la decisión judicial y de que Puigdemont pueda presentarse a unas elecciones y cobrar protagonismo durante la campaña electoral, quizás para sus intereses hubiera sido mejor que los jueces decretaran su inelegibilidad. De esa forma podría presentarse nuevamente ante los países e instituciones europeas como un mártir de la persecución a la que le somete el Gobierno español y podría mantener la campaña de desprestigio de las instituciones españolas.   

Aunque han ganado esta batalla, Puigdemont y el resto de fugados que comparecen a las elecciones europeas están muy lejos de ganar la guerra, por cuanto aunque salgan elegidos, lo que es muy probable, no podrán tomar posesión de su cargo porque tiene que venir a recoger su acta personalmente España y en ese momento serían detenidos, sin que hubiera entrado en vigor la inmunidad que les confiere el hecho de ser elegidos como ya les ha advertido el Parlamento Europeo en lo que se trata del verdadero varapalo para sus intereses, por cuanto no podrán utilizar ese altavoz para hacer proselitismo de la independencia catalana en Europa. 


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