Cuando una persona detecta su adicción al juego, una de las medidas de protección que existen en España es la inscripción en el conocido como registro de ‘autoprohibidos’, que le impide el acceso a dicha actividad. Al darse de alta, la administración y las empresas imposibilitan la entrada a portales online donde se puede apostar. En esta base de datos se pueden inscribir voluntariamente aquellas personas que quieren protegerse a sí mismas y a sus familias de los efectos de una acción compulsiva del juego, y más de 6.000 personas pidieron en 2020 ser excluidos del juego online en España.

El Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) cuenta con un censo de 56.329 registros, a fecha de 31 de diciembre de 2020, de los que 2.806 son de Castilla-La Mancha. Una comunidad que vio incrementado este censo en un 23,5% de 2019 a 2020, pasando de 2.271 inscritos, a 2.806.

De hecho, es la segunda comunidad que aumentó su número de inscritos en 2020 después de Baleares, que creció un 56,9%, pasando de 754 a 1.183 inscritos. No obstante, es Andalucía la comunidad que ostenta mayor representación en este registro con un total de 13.811 personas, una de cada cuatro en el país. Solo el año pasado sumó 914 personas, un 7% más que el año anterior. Excluyendo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con apenas un centenar de inscritos cada una de ellas, es la comunidad de Cantabria la que tiene un menor número de personas registradas en el RGIAJ con 349 solicitudes.

Crecen las personas que piden ser excluídas del juego onlinecompetencias. Actualmente existe un registro de carácter estatal y cada comunidad autónoma posee uno propio. La base de datos que depende del Ministerio de Consumo impide el acceso al juego online, mientras que si una persona se inscribe en el de su comunidad, verá restringida su capacidad de jugar en aquellos establecimientos físicos de juego regulados por las Comunidades Autónomas.

El RGIAJ, a día de hoy, sólo muestra los datos de personas que se autoexcluyen del juego online de ámbito estatal y no existe una conexión –a excepción de Castilla-La Mancha– con los registros de las CCAA sobre el juego presencial. En la práctica supone que una persona que se haya inscrito en el registro del Ministerio de Consumo no puede acceder a portales de juego online que son de competencia estatal, pero sí a establecimientos físicos de juego, que son competencia autonómica, salvo que su normativa lo impida. De igual forma, una persona que se haya inscrito en el registro de su comunidad autónoma no puede acceder a un establecimiento de juego en su región, pero sí puede hacerlo en otra.

El objetivo del Ministerio de Consumo es que la inscripción se extienda a todos los registros como forma de potenciar la protección institucional a las personas y familias que más lo necesitan.

Gobierno central, CCAA y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla avanzan hacia una coordinación total en la protección de personas con trastorno del juego y de sus familias. El pasado mes de septiembre, los gobiernos central y autonómicos alcanzaron un acuerdo para interconectar los registros, con el voto en contra de Cataluña y la abstención de País Vasco y Comunidad Valenciana.

A efectos de protección, cuando se avance en la interconexión, los registros de interdicciones se comunicarán como una única base de datos. En este trimestre, y tras varios meses de diálogo entre las instituciones, el Ministerio de Consumo presentará el proyecto de interconexión de los registros de ‘autoprohibidos’.