La posibilidad de un último acuerdo sobre el Tajo en las Cortes hizo aguas. Ante la proximidad de las elecciones cabía dos posibilidades. La primera era que todos los partidos se picaran a la hora de reivindicarse como los mayores defensores del río y acabasen votando por unanimidad. La segunda posibilidad era que no cediesen terreno al adversario y que la confrontación llevara a cada uno a votar por su lado. Este jueves pasaron las dos cosas en cierta manera, pero la segunda acabó arrastrando a la primera y no hubo acuerdo entre los tres partidos con representación en el Parlamento.
La intención de mostrarse como los mayores defensores del río se plasmó en unas resoluciones ambiciosas. La que salió adelante fue la que consensuaron previamente Podemos y PSOE, pero que el PP votó en contra. En ella pusieron varios deberes al Ministerio que tome las riendas en materia de agua tras las elecciones generales. Dado que el Supremo ha anulado parte del Plan Hidrológico del Tajo por no fijar caudales ecológicos suficientes, las Cortes exigen elevarlos a más de 20 metros cúbicos por segundo. En concreto, piden 23 para Toledo y 27,82 en Talavera. Son más del doble de los 10 que había propuestos en el Plan. Además ponen de plazo el actual ciclo de planificación, que termina en 2021.
La resolución aprobada también exige al Gobierno de España «derogar toda la legislación» que emana de la regulación del trasvase y modificar la normativa para que los usuarios del acueducto «paguen lo que corresponde», pues calculan una deuda de 109 millones.
La diputada del PP Ana Guarinos muestra las «cubetas» del agua de reserva aprobada por el PSOE y el PP. - Foto: David PérezLa propuesta del PP no salió aprobada porque PSOE y Podemos votaron en contra. En ella los populares también pedían aumentar caudales ecológicos y la reserva en cabecera, aunque no fijaban cuánto. La única alusión que hacían era la de la reclamación de los ribereños que quieren la cabecera al 40% de su capacidad, que es casi el doble de lo que tiene ahora. El PP también proponía en su resolución «avanzar en la reutilización y desalación para disminuir la presión sobre la cuenca cedente, incrementado la capacidad desaladora existente, ampliando las necesarias».
En las dos resoluciones había puntos en los que se podía haber llegado a un acuerdo, pero ganó la confrontación. La diputada del PP Ana Guarinos leyó partes de la sentencia del Supremo contra el Plan del Tajo para decir que el Gobierno regional estaba engañando. «No mientan, no hablen del trasvase Tajo-Segura, que en esta sentencia no dice nada, ni de la cabecera, que tampoco dice nada», apuntó. Guarinos presumió de que Aznar puso el límite no trasvasable en 240 hectómetros cúbicos y que Rajoy lo subió a 400 y estableció los primeros caudales mínimos por Toledo y Talavera.
La consejera de Fomento, Agustina García Élez, le afeó que subrayase los párrafos de la sentencia que le interesaban. «Oiga, que usted es diputada por Castilla-La Mancha, no por el Levante», le espetó. Informó que desde el Ministerio les han asegurado que van a acatar la sentencia del Supremo. «El eje del Tajo se ha convertido en la canalización controlada del Tajo Medio y todos somos testigos año tras año de plagas de algas e insectos.», clamó.
El portavoz de Podemos, David Llorente, aprovechó para pedir que no se reproduzca en la región «un modelo de desarrollo insostenible» que vinculó al ladrillo y la extensión de regadío. Le dijo a Page que la auditoría sobre el negocio del agua ya la venía pidiendo él y que «empiece aplicándolo en su propia casa», aludiendo al parque Puy du Fou.