Lamata pide medidas legales para vacunas a precio de coste

Carmen Ansótegui
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El ex consejero de Sanidad aboga por eliminar el sistema de patentes que da exclusividad en la comercialización de medicamentos a los laboratorios durante 20 años

Lamata pide medidas legales para vacunas a precio de coste - Foto: JUAN LAZARO

El mundo entero tiene la mirada puesta en las investigaciones que se están llevando a cabo para sacar una vacuna frente al COVID19. Su aparición será determinante para frenar la expansión del virus y permitir que el planeta entero comience a recuperarse de esta crisis sanitaria, pero todavía hay muchos interrogantes. No está claro cuándo estará disponible, si habrá una o varias vacunas y mucho menos el precio que tendrá, lo que será clave para garantizar un acceso justo.
La buena noticia es que desde Farmaindustria han manifestado que la industria farmacéutica innovadora no pretende lucrarse con el desarrollo de la vacuna. De hecho, su intención es empezar a producir dosis «a riesgo», es decir, que fabricarán vacunas que aún están en investigación sin tener garantías de que vayan a llegar a comercializarse. De este modo, cuando se demuestre la eficacia y seguridad de alguna de ellas, ya habrá millones de dosis disponibles, pero las que fracasen irán directas a la basura.
Fernando Lamata, impulsor y presidente de honor de la Asociación de Acceso Justo al Medicamento, agradece que los laboratorios vayan a vender la vacuna a precio de fabricación pero pide a las autoridades que la vinculación sea legal y no dependa de la voluntariedad de las farmacéuticas. Propone así, que sea cual sea la vacuna que acabe teniendo éxito, se comercialice como genérico para que cualquiera pueda producirla. «De este modo, podríamos fabricar dosis en Europa y en India para un tercio de la población en tan sólo un año», mantiene.
Cree que la crisis del coronavirus ha hecho «más visible» la necesidad de acceder a los medicamentos a precio de coste pero entiende que siempre debería ser así. Es decir, este experto en salud pública aboga por acabar con el sistema de patentes que garantiza a los laboratorios 20 años de monopolio en la venta de los medicamentos que desarrollan. Este modelo se implantó en España a principios de los 90 para compensar la inversión que la industria farmacéutica hace en investigación, impidiendo que ningún laboratorio pueda sacar durante estas dos primeras décadas el genérico.
Hay que tener en cuenta que, de media, se tarda diez años en desarrollar un medicamento y el coste asciende a los 2.500 millones de euros. Además, muchas de las moléculas que se investigan no llegan a buen puerto, lo que hace que cuando se lanza un fármaco este tenga que tener un precio más alto para compensar el dinero gastado en terapias que no llegan al mercado.
La patente también surgió en su momento para asegurar que las farmacéuticas recuperaban el gasto que hacen en los ensayos pero Lamata asegura que, si se analizan las cuentas, se observa «un exceso de beneficio muy alto, de entorno al 40%». Y es que, desde la asociación que preside mantienen que los «grandes» laboratorios apenas revierten un 16% del total de los ingresos por ventas de medicamentos en el área de investigación.
Quienes respaldan el mantenimiento de la patente defienden, sin embargo, que la industria farmacéutica es el sector que más dinero dedica al capítulo de I+D y que el riesgo que asumen es alto. También destacan que desde que se implantó ley sistema de patentes ha aumentado la investigación de fármacos para tratar enfermedades raras y justifican un porcentaje de las ganancias por el hecho de que los laboratorios generan empleo de calidad y revierten a la sociedad parte de sus ganancias donando, por ejemplo, medicamentos para ensayos liderados por instituciones públicas.
Llamada a la reflexión. Lamata por su parte confía en que la crisis del coronavirus sirva, al menos, para debatir sobre la idoneidad de las patentes, ya que, en contra de lo anterior, el cree que encarecen los medicamentos, impiden un acceso justo y ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema sanitario. «Todo el exceso de gasto en medicamentos por precios excesivos hace que no tengamos equipos, como respiradores», explica este experto.
No en vano, cuenta que la pandemia también está poniendo de manifiesto la urgencia para que las investigaciones sean abiertas y cooperativas. Justifica así que si se compartiese la información que se obtiene en los ensayos que llevan a cabo tanto a nivel público como privado, se avanzaría más rápido en el desarrollo de terapias y se ahorraría también dinero, porque ahora hay estudios que se solapan.
La transferencia de la competencia de sanidad a las comunidades autónomas es otro aspecto sobre el que considera que se debe reflexionar. Si bien es cierto, que la incidencia del coronavirus ha sido desigual y, que por tanto, es difícil comparar qué territorio ha gestionado mejor la crisis, sí cree que ha quedado de manifiesto que «hay que reforzar la capacidad de respuesta homogénea» porque a su modo de ver durante los últimos meses se han visto 17 sistemas de salud diferentes.
Uno de los ejemplos más claros ha sido en lo referente al diagnóstico. Mientras unos territorios han priorizado la compra de test de detección del Covid, en otras regiones han brillado por su ausencia. Para Lamata es cuestión de prioridades, pero reconoce que supone una diferencia de acceso «clara» al diagnóstico.
Concluye así, que habrá que valorar «despacio y fríamente» lo sucedido una vez pase la crisis porque por el momento prefiere quedarse con el esfuerzo «heroico» que ha hecho toda la sociedad para superar la crisis.