Los trabajadores de atención a la Dependencia se movilizarán en octubre y noviembre en las delegaciones provinciales de Bienestar Social y en las empresas del sector de las residencias para reivindicar que se negocie el convenio colectivo estatal, se incremente el precio de las plazas públicas, la modificación de ratios de personal  y se mejore el borrador de requisitos mínimos de los centros asistenciales para personas mayores. Un grupo de representantes sindicales de CCOO, junto con  secretaria de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Castilla-La Mancha, Chelo Cuadras, y el responsable provincial del sector sociosanitario de FSC-CCOO Cuenca, Javier Cañamares, se concentraron ayer, para visibilizar la situación que afecta a 15.000 empleados y empleadas en la región –mujeres en su mayoría que trabajan en el medio rural–, de las que 3.000 pertenecen a la provincia. 

Cuadras, que recordó que el convenio «está bloqueado desde 2019», mencionó que el sector «está muy precarizado, los salarios no llegan a los mil euros en algunas categorías y en otras están incluso por debajo del salario mínimo interprofesional. Creemos que ha llegado el momento de que las condiciones laborales mejoren y de que la financiación, tanto del Gobierno de España como de Castilla-La Mancha aumente». En ese sentido, aseveró que en comunidades como la madrileña «ha aumentado un 34 por ciento el valor el precio de la plaza pública. Estaba en 54 euros y lo ha aumentado a 74. Y el borrador que tiene este gobierno de nuestra comunidad contempla un aumento que no llega al tres por ciento, tres euros por plaza y día». En Castilla-La Mancha, el precio de una plaza de grado tres es de 48 euros. 

Cuadras también confirmó que la ratio, en la actualidad, «está en la media nacional. El colectivo más numeroso, los gerocultores, tienen una ratio de uno cada seis dependientes o uno cada 15 no dependientes». Sin embargo, observó que la normativa de ratios es de 2001 y «el Gobierno de Cospedal las modificó a la baja en 2013». En principio, «no se descarta ninguna movilización pero en un sector como este, esencial, los servicios mínimos son básicos. Con el nivel de empleo que tenemos en las residencias, la huelga sería inútil».

No obstante, aseguró que hasta que las condiciones se garanticen «señalaremos a aquellos gobiernos y a empresas que sean cómplices de que el convenio no mejore».