El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha ratificado las medidas adoptadas en la Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueban dos medidas restrictivas para prevenir los contagios de coronavirus en las residencias de mayores y personas con discapacidad.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado su satisfacción ante la ratificación judicial que, según ha destacado en un comunicado, viene a "confirmar que se trata de medidas que están justificadas y tienen como finalidad última salvaguardar el derecho a la salud y a la vida de personas especialmente vulnerables". 

Además, añade que son medidas que pueden considerarse "necesarias e idóneas" para hacer frente a la situación de tasas ascendentes de contagios, al tiempo que valora la "escasa incidencia" que tienen respecto a los derechos fundamentales afectados.

Así, en cuanto a las visitas, el Tribunal ratifica la limitación de una visita por residente y semana, y de duración máxima de dos horas, y las visitas deberán ser gestionadas mediante cita previa con el centro.

Se ratifica también la realización de pruebas de diagnóstico de infección activa a las personas que ingresen o reingresen al centro y también a los trabajadores de las residencias, diferenciando según hayan sido o no vacunadas, y que se justificarían por la necesidad de evitar la transmisión del virus a los pacientes o residentes en esos centros dada su mayor vulnerabilidad, y evitando así que quede afectado el funcionamiento de las residencias.

En este caso, el Gobierno regional pondrá a disposición de los centros residenciales para mayores y personas con discapacidad, pruebas diagnósticas de infección activa. 

Estas medidas preventivas, estarán vigentes finalmente hasta el próximo 17 de enero de 2022.